Tras conocerse que los jóvenes de Vitoria que obtengan un alquiler social del Ayuntamiento van ha estar obligados a realizar trabajos comunitarios y que solo podrán contratar energía procedente de Iberdrola, ha levantado en armas a la oposición en el Ayuntamiento.
El Grupo Municipal de EH Bildu pone el ojo en el método por el que se repartirán estas viviendas, el sorteo. Para los soberanistas, el sorteo «no es correcto como método» y denuncian que esta forma «contradice lo que estipula la Ley vasca de Vivienda» que señala la baremación como procedimiento para la adjudicación, tal y como hace Etxebide.
Podemos se centra en el número de viviendas que se destinarán a este tipo de alquiler social, un total de diez cuando «en Vitoria existen cerca de 8.000 viviendas vacías«. Para la formación morada, «el gobierno está entrando en un terreno muy peligroso al introducir condiciones» como la de trabajos comunitarios, «la vivienda es, o debería ser, un derecho fundamental» afirman.
En Irabazi, declaran que «la vivienda es un derecho reconocido por ley, por lo que no tiene sentido exigir una prestación a cambio» y añaden que «el trabajo comunitario debe ser voluntario y, las personas jóvenes, o bien por su dedicación a los estudios o al trabajo, no deben verse en la obligación de realizar un trabajo obligado extra, si no es de forma voluntaria«.