Los Ayuntamiento podrán exigir que la distancia mínima entre los salones de juego serán de 800 metros siempre y cuando se justifique con datos y razones. Esta es una decisión del Tribunal Supremo tras más de un año de estudio y después de que la Audiencia Nacional anulara una normativa valenciana tras ser denunciada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta sentencia sienta jurisprudencia y limita el margen que tienen las diferentes administraciones públicas a la hora de limitar los salones de juego.
De esta manera, el alto tribunal confirma que establecer distancias mínimas entre este tipo de establecimientos es legal siempre y cuando se justifique de manera pormenorizada y con alusiones genéricas.
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