46 inspecciones en un total de 25 términos municipales. Saldándose con la identificación de 430 vendimiadores
Agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía en el País Vasco y funcionarios de las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Álava y Bizkaia han desarrollado en sendas provincias, desde el 23 de septiembre al 8 de octubre, la «Operación Vendimia», destinada a prevenir la explotación laboral que, en ocasiones, se deriva de esta actividad agrícola.
En este sentido hay que destacar que a pesar de que en España sigue siendo preponderante la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, el número de diligencias de seguimiento por delitos de trata laboral y con fines de actividad delictiva ha pasado de 57 en el año 2018 a 131 durante el 2019, lo que indica que estos delitos están evolucionando preocupantemente, hasta el punto de ser considerados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la esclavitud del siglo XXI.
Asimismo, y según la misma fuente, durante el pasado año se han investigado a 87 organizaciones y grupos criminales dedicados a la trata de seres humanos de una pluralidad de nacionalidades (nigerianas, brasileñas, colombianas, hondureña, paraguayas, uruguaya, venezolanas, chinas, rumanas, ruso ucranianas, mixtas) de las cuales 13 se dedican a la explotación laboral.
A ello hay que sumar la actual situación socio-sanitaria derivada de la pandemia que hace que el control en este tipo de actividades sea más relevante que nunca, dado el alto riesgo de que se produzcan focos de infección si las condiciones de alojamiento o laborales que se dispensan a los trabajadores no son las adecuadas.
Es por lo que, como compromiso de lucha con lo expuesto, los dos Cuerpos han realizado, conjuntamente, 46 inspecciones en un total de 25 términos municipales. Saldándose con la identificación de 430 vendimiadores y la detención de 14 de los mismo por delitos de falsedad documental, usurpación de identidad o estancia irregular en nuestro país.
