El Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que la búsqueda de Joaquín Beltrán en la zona prioritaria “B1-A” se puede dar, prácticamente, por concluida; y ha informado que se están realizando labores de preparación en las siguientes áreas colindantes: B1-B y B4 Sur.
El 6 de febrero de 2020 se produjo un deslizamiento del vertido que se precipitó sobre la autopista AP-8 y la carretera nacional N-634 cortando ambas, arrastrando a dos trabajadores cuyos cuerpos desaparecieron entre los residuos y provocando una grave crisis ambiental en las poblaciones de Éibar y Ermua cuyos núcleos urbanos distan pocos metros del depósito.
El barrio de San Lorenzo/Sallabente de Ermua y su continuidad en terrenos de Zaldibar, es uno de los puntos con mayor densidad de población de Euskadi y en su vecindad, ya en Éibar, se encuentra el barrio de Amaña, también densamente poblado y el Complejo Educativo, antigua Universidad Laboral, que es sede de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Éibar, un instituto de enseñanza media y de un colegio mayor.
Se estima que se desplazaron unos 750.000 metros cúbicos de desechos que recorrieron uno 330 metros de longitud en una franja de 160 de ancho ocupando una superficie de 2.780 metros cuadrados. De las diez personas que se encontraban en aquel momento en las instalaciones, ocho salieron ilesas y dos, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, fueron arrastrados perdiéndose entre los escombros quedando desaparecidos. El 17 de agosto de 2020 aparecen restos humanos que, tras las pruebas pertinentes, se determina que son de Alberto Sololuze.
La gestión de la catástrofe provocada por el deslizamiento y derrumbe del vertedero fue muy deficiente y criticada por los partidos de la oposición y diferentes agentes sociales. En los primeros momentos se hizo hincapié en el corte de la autopista y de carretera nacional sin dar información alguna sobre la empresa propietaria y gestora de las instalaciones, alegando desde las diferentes administraciones y medios de comunicación que el vertedero estaba gestionado por una empresa privada sin que se supiera cual era.
Después, tras salir a la luz el nombre de la empresa, se centró la polémica en el amianto allí almacenado y los permisos dados para ello. El no prevenir a los servicios de rescate de la los materiales tóxicos allín almacenado, como el amianto, así como el no interesarse por los trabajadores fallecidos hasta varios días después, todo ellos producido en un contexto preelectoral, había elecciones al parlamento vasco al mes siguiente, las contradicciones en las informaciones sobre la contaminación por dioxinas y la ubicación tan próxima de la instalación a los núcleos urbano de Eibar y Ermua así como el secretismo en la que se desarrolló la actividad durante el tiempo de explotación crearon un intenso mal estar en la ciudadanía de las poblaciones afectadas.
