El Gobierno vasco aprobará el próximo martes la nueva ley de vivienda que plantea la posibilidad de expropiar viviendas en zonas de gran demanda y escasez. La norma pretende sacar al mercado la vivienda deshabitada y habilita a los ayuntamientos a penalizar esas viviendas. El Gobierno estima que hay más de 15.000 viviendas deshabitadas en Euskadi.
El objetico, según Iñaki Arriola, consejero de vivienda, es «ampliar nuestro parque público de vivienda para responder a las necesidades sociales estableciendo la facultad de que los ayuntamientos puedan penalizar el mantenimiento injustificado de las viviendas deshabitadas con un canon nuevo».
El Gobierno Vasco quiere que la vivienda no usada salga al mercado. Para ello, se establecerá un procedimiento para declarar deshabitada una vivienda.
«El Decreto es muy garantista» ha afirmado el consejero señalando que no es un decreto con «fin recaudatorio» y que se contemplan numerosas excepciones. «Las segundas viviendas no se contemplan. Si la vivienda está desocupada por motivos laborales, de salud, dependencia o emergencia social, tampoco» ha matizado.
Aún así, está previsto que en casos extremos, en los que hay una gran demanda acreditada y necesidad de vivienda con un mercado muy tensionado, se podrá llegar al alquiler forzoso e incluso la expropiación del inmueble que previamente se haya declarado deshabitado.
Para poder llevar acabo la expropiación, según el borrador, la vivienda tendrá que estar ubicada en una zona en la que haya alta demanda. También que el precio actual del alquiler este, al menos, un 10% por encima de la renta en la que esté situada. Cabe destacar que tener una vivienda vacía no acarreara ninguna sanción pero sí consecuencias.
La expropiación, que sería la ultima medida, trae antes otras consecuencias. La primera sería la del pago extra de un canon de 10 euros más por metro cuadrado al año. Otra sería la de forzar al propietario para que pusiera la vivienda en alquiler si lleva un año o más vacía o desocupada.
La expropiación se llevaría a cabo si lleva cuatro años o más sin alquilar dando una situación de incumplimiento de la futura ley.
