¿Es la ocupación un problema mayor que de los desahucios? En lo que llevamos del 2022, en Euskadi se han desahuciado un 7.2% más de familias de sus hogares que denuncias recogidas en los juzgados por la ocupación ilegal de la vivienda. En cifras, según los datos publicados este miércoles por el Poder Judicial, suponen 288 ejecuciones hipotecarias y 40 ocupaciones. Por territorios históricos, en Bizkaia es donde más desahucios se han llevado a cabo, un total de 166 frente a los 74 de Gipuzkoa. En Álava han sido 48.
En lo relacionado con las ocupaciones ilegales, en lo que ha trascurrido de año, se han denunciado 40 ocupaciones; 29 en Bizkaia y 10 en Gipuzkoa. En Álava solo una.
Cabe aclarar que el delito de ocupación consiste en ocupar una vivienda sin tener un título legítimo para estar en esa vivienda. Por lo tanto, la gente que tiene un contrato de arrendamiento, si tiene un título legítimo, aunque luego lo esté incumpliendo. El incumplimiento de un contrato de vivienda se cataloga como ocupación cuando haya una sentencia en la que se dicte un lanzamiento donde las personas tienen que ser desahuciadas de una vivienda y que después del desahucio vuelven a ocupar la misma.
Datos generales
Los lanzamientos practicados durante el segundo trimestre del año en España disminuyeron un 6,5 % con respecto al mismo periodo de 2021, descenso que experimentaron tanto los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que bajaron un 2 %, como los lanzamientos consecuencia de las ejecuciones hipotecarias, que mostraron una reducción interanual del 16,6 por ciento.
Según los datos contenidos en el informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, elaborado por el servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la mayor parte de los 10.816 lanzamientos practicados en el trimestre analizado fueron consecuencia del impago del alquiler. Así, los 7.871 de este tipo representaron el 72,8 por ciento del total de lanzamientos. Otros 2.377 –el 22 por ciento- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 568 restantes obedecieron a otras causas. Estos últimos disminuyeron un 18,2 % respecto al segundo trimestre de 2021.
Cataluña –con 2.414, el 22,3 por ciento del total nacional- ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos durante el segundo trimestre de 2022. Le siguieron Andalucía, con 1.922; Comunidad Valenciana, con 1.524; y Madrid, con 999.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.809, cifra que representa el 23 por ciento del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.313; Comunidad Valenciana, con 966; y Madrid, con 862. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, encabeza la lista la Comunidad Valenciana, con 511, seguida de Andalucía, con 470; Cataluña, con 402 y Murcia, con 228.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2022 fue de 17.134, un 7,9 % menos que en mismo trimestre de 2021. De ellos, 9.185 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 1 por ciento.
Resulta más significativo poner en relación el número de lanzamientos con la población. Estos son los datos de los lanzamientos practicados por cada 100.000 habitantes:
Menos ejecuciones hipotecarias
Durante el trimestre analizado se presentaron un total de 6.242 ejecuciones hipotecarias, un 18,3 % menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
El mayor número se dio en Andalucía, con 1.392 (un 22,3 % del total nacional). Le siguieron Cataluña, con 1.197; la Comunidad Valenciana, con 1.043; y Madrid, con 616. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destaca el primer lugar Murcia, con 25,7, seguida por la Comunidad Valenciana, con 20,5, y por Andalucía, con 16,1 ejecuciones hipotecarias por cada 100.000 habitantes.
