Se ofrece vivienda pública para okupar

OPINIÓN

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha anunciado que va a colaborar con el Gobierno Vasco para perseguir a dos grupos delictivos que, según sospechan, se dedican a cobrar por facilitar la ocupación de viviendas, mayormente de titularidad pública. Es la última medida que ha tomado el consistorio en relación con la brutal crisis de acceso a la vivienda que padecemos, y las consecuencias prácticamente inevitables que esto conlleva.

Es probable, que muchas gasteiztarras apoyen esta iniciativa y expresen su satisfacción con comentarios como «ya era hora de detener a esos individuos». No obstante, lo que parece obviarse es una cuestión evidente: ¿por qué tantas viviendas de propiedad pública son ocupadas? La respuesta es aún más clara: porque en su mayoría estas viviendas están desocupadas y sin uso.

En este contexto, la medida más responsable sería instar a las administraciones propietarias a ejercer sus competencias y abordar el problema desde su raíz, asignando las viviendas para el propósito que están destinadas: proporcionar un hogar. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de sus diversos departamentos y sociedades públicas como Ensanche XXI, figura como uno de los mayores propietarios de viviendas, semejante a un fondo buitre público. A falta de información transparente, en 2021 eran propietarios de al menos 404 viviendas, de las cuales solo unas dos docenas se destinaban a vivienda social, representando un escaso 0.05%.

Es tan simple como ejercer sus competencias para que esas viviendas tengan uso. Para lo cual primero, deberían desocupar una gran parte, bien a través de sus propios mecanismos y grandes poderes que ostentan (desahucio administrativo), o bien acudiendo al juzgado. A pesar de las promesas periódicas de rehabilitación y asignación de viviendas a fines sociales, pasa el tiempo y nadie sabe con certeza dónde se encuentran. Aunque se lleva a cabo la rehabilitación con un considerable gasto público, la falta de asignación efectiva permite que estas propiedades sean ocupadas durante largos periodos por aquellos más astutos o quienes poseen acceso privilegiado a la información.

Todo ese patrimonio podría ser utilizado para atajar el gran problema de la vivienda que sufre nuestra sociedad, en su lugar, se prefiere deshacerse de él gradualmente para solventar los problemas inmediatos de los políticos ante su manifiesta incapacidad. En momentos en que la aprobación presupuestaria parece incierta y se requiere liquidez para afrontar grandes gastos, estas propiedades se venden a trozos al mejor postor.

De manera paradójica, el Gabinete Etxebarria que renuncia a ejercer sus propias competencias, simultáneamente, busca la colaboración del Gobierno Vasco y la Ertzaintza para investigar a las mafias de ocupación ilegal. Argumentan que “se coordinarán” porque reconocer honestamente que la investigación y persecución de esos delitos no es competencia del Ayuntamiento, no quedaba tan bien.

Resulta tan irónico que, ante la desidia de las administraciones para cumplir con sus obligaciones, la única forma de dar un uso real a estas propiedades sea que la población, a través de acciones delictivas, tome por la fuerza las viviendas vacías. Sin embargo, seguimos enfocándonos en reprochar a los delincuentes, en lugar de cuestionar la incompetencia de quienes están a cargo de estas viviendas sin habitar.

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