El Gobierno Vasco ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 12/2023, conocida como Ley por el Derecho a la Vivienda, argumentando una invasión en sus competencias exclusivas en materia de vivienda. Este paso se da después de un periodo de negociaciones infructuosas con el Gobierno central, marcando un momento crítico en las relaciones intergubernamentales.
El conflicto entre el Gobierno Vasco y el Estado central ha escalado tras la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del ejecutivo autonómico ante el Tribunal Constitucional. La controversia se origina en la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobada en primavera por el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de EH Bildu y ERC, que, según el Gobierno Vasco, vulnera las competencias autonómicas en materia de vivienda.
Las negociaciones previas entre ambas administraciones no han fructificado, llevando al Gobierno Vasco, según explican, a agotar todas las vías de diálogo. La propuesta de un acuerdo interpretativo para reconocer las competencias vascas y permitir el desarrollo de políticas de vivienda autonómicas fue rechazada por el Estado, precipitando la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional.
Antecedentes del conflicto:
La decisión de interponer el recurso se anunció inicialmente en julio de 2023, tras un análisis detallado de la ley por parte de los servicios jurídicos del ejecutivo vasco. El análisis concluyó que la ley estatal invade competencias exclusivas de Euskadi en materia de vivienda, generando además inseguridad jurídica.
La medida ha revelado tensiones internas dentro del Gobierno Vasco, especialmente entre los miembros del PSE-EE, que han manifestado su desacuerdo con la decisión de recurrir.
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