La administración pública deshumanizadora

OPINIÓN

Todos hemos experimentado o hemos escuchado críticas al funcionamiento de la administración pública. Nos quejamos de su tardanza, de su burocracia o de su falta de efectividad. Pero detrás de ello, existe un lado aún más oscuro de nuestra administración. Un cuerpo de técnicos y funcionarios que trata de forma sistemática a los y las ciudadanos con una enorme desconsideración.

Es fácil reconocer de qué servicios estoy hablando. Son todos aquellos cuya ratio de personal de seguridad versus personal de atención es cuantitativamente superior. Esa es la primera señal para poder identificarlos. Los puedes en ver en los Servicios Sociales de Base, en el Área del Menor, en las oficinas donde se solicitan prestaciones…

Manipulan habitualmente a estas personas, dándoles instrucciones erróneas, mareándoles, y obstaculizando acceder a aquello a lo que tienen derecho.

Alguien podría decir que son las características de las personas usuarias habituales las que determinan la necesidad de tanto personal de seguridad. Que son los comportamientos violentos o actitudes irrespetuosas de esas personas lo que lo demanda. Pero si lo consideramos bien, esas mismas personas también hacen uso de muchos otros servicios, como el ambulatorio, la biblioteca, la sala de juegos de los centros cívicos, o los centros educativos. Y resulta que en el resto de los servicios no parece necesaria la presencia constante de cuerpos armados.

¿Es verdaderamente un problema de incivismo de esas personas? ¿O el problema es el trato que la administración da en ciertos servicios a algunas personas vulnerables?

Yo apuesto por la segunda opción. He visto con mis ojos, y vivido en mis carnes, experiencias que muchos no podrían creer. Ese tipo de casos, que cuando los cuentas, todos dicen “que debe ser una excepción”. Pero las excepciones se van sumando una detrás de otra, y la lógica me obliga a pensar que es un patrón.

Las características siempre se repiten: por un lado, “quién”: persona de contexto vulnerable, baja capacidad económica y pocas habilidades para el desarrollo de ciertos trámites o comunicación, bien por la falta de educación, bien por no conocer nuestro idioma, o por dificultades psicológicas personales; por otro lado, “ante quién”: ante recurso público que se dedica atender necesidades en contextos de vulnerabilidad, como intervención social, prestaciones económicas y sociales, apoyo familiar…

Les puede asegurar que, muy frecuentemente, la información que reciben no es simplemente escasa o ambigua, o no clara, sino que en muchas ocasiones la información transmitida es patentemente falsa. A un nivel, que resulta inverosímil creer que el/la técnico/a que lo ha transmitido tenga tan poco conocimiento. Manipulan habitualmente a estas personas, dándoles instrucciones erróneas, mareándoles, y obstaculizando acceder a aquello a lo que tienen derecho.

El rechazo es frontal, y la conversación se traslada a una batalla defensiva por parte del o la técnico/a.

No por nada, actualmente, hay asociaciones y movimientos populares gasteiztarras que se han visto en la obligación de acompañar a este perfil de personas a cada uno de los trámites que deben realizar en este tipo de servicios. Solo para garantizar que les atienden adecuadamente y respetan sus derechos.

Yo, como abogada, he realizado también estos acompañamientos. Y la prueba más clara de que lo que estoy contando es cierto, es la respuesta de dichos funcionarios cuando esas personas vulnerables acuden con una letrada. El rechazo es frontal, y la conversación se traslada a una batalla defensiva por parte del o la técnico/a. Incluso, en diferentes ocasiones se niegan a atender a esas personas si acuden acompañadas de una abogada. Y yo me pregunto, si en realidad, actúan correctamente, ¿qué es lo que deben temer?

Por más que cueste creerlo a aquellos que jamás lo han vivido, estoy que estoy contando, le será familiar a ciertos colectivos. La Administración deshumaniza a las personas vulnerables. Aquellas que no cumplen los estándares o modelos habituales de la población. Les dan un trato inadecuado, les impide ejercer sus derechos, y no les acompaña en el proceso.

La frustración y desesperación invade e a esas personas, muchas de las cuales no tienen a nadie al que pedir orientación, e inevitablemente hace que algunas de ellas no puedan aguantar la presión. Y con ello, la Administración ya tiene una excusa para culpabilizarles por su respuesta. No se plantean, en ningún caso, que, si es tan manifiesta la insatisfacción en ciertos servicios, ello pueda deberse no a dichas personas, sino al trato clasista, racista, xenófobo y aporófobo que algunos servicios han convertido en protocolo.

Y soy consciente, de que esto que escribo nada va a cambiar. Y más aún, que a muy pocos importará. Ni siquiera a aquellos órganos públicos destinados a defender a la ciudadanía cuando se vulneran sus derechos. Pero simplemente lo cuento, porque alguien con la posibilidad de contarlo, lo tenía que contar.

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