La Diputación Foral de Álava y Euskal Herria Bildu han llegado a un preacuerdo que permitirá al territorio contar con Presupuestos en 2025. Este pacto incorpora partidas clave como la creación de plazas públicas residenciales, un incremento en la financiación local, y la puesta en marcha de procesos deliberativos para la gestión de los macroproyectos de energías renovables. El acuerdo se produce tras las tensiones del pasado año, cuando la falta de consenso obligó a prorrogar las cuentas.
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Energías renovables: consultas y regulación
Eva López de Arroyabe, portavoz de EH Bildu, ha destacado en sus declaraciones que la acumulación de proyectos de energías renovables en Álava ha generado una situación de «caos». EH Bildu exige la paralización de proyectos como el de Solaria, que prevé 32 centrales fotovoltaicas y 100 km de líneas de evacuación, y el de Forestalia, que proyecta 200 km de líneas de alta tensión para evacuar energía hacia Vitoria-Gasteiz desde Aragón.
El acuerdo contempla la colaboración entre la Diputación y el Gobierno Vasco para culminar durante 2025 los procesos deliberativos recogidos en la Ley de Transición Energética. Estos procesos buscarán clarificar los objetivos y ordenar el despliegue de renovables en el territorio.
Otro de los puntos clave es el aumento en la financiación local, un aspecto que no había sido revisado en profundidad en los últimos 27 años. Según el acuerdo, el porcentaje destinado al FOFEL subirá al 36,6%, lo que representa un incremento significativo respecto al 0,5% logrado por EH Bildu en 2016.
López de Arroyabe ha destacado que, además del aumento inmediato, el Gobierno Foral se compromete a presentar antes de finalizar 2025 el desarrollo normativo necesario para una revisión integral del modelo de financiación local.
Un acuerdo con antecedentes
El pacto incluye la aceptación de 69 enmiendas parciales de EH Bildu, valoradas en 10 millones de euros para 2025, además de otros 13 millones en créditos de compromiso. Aunque EH Bildu admite que no son unos presupuestos «ideales», considera que este acuerdo marca un punto de inflexión en las políticas del Gobierno Foral. La última vez que la formación soberanista apoyó unas cuentas fue en 2016.
