Desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz denuncian que el Ayuntamiento ha desahuciado a una familia que residía en el número 70 de la calle Correría, en el Casco Viejo. Según explican, el desahucio estaba previsto para el 19 de junio, pero la familia —padre, madre y una hija de 4 años— se vio obligada a dejar su vivienda antes de esa fecha.
Una habitación como única alternativa
De acuerdo con la versión del sindicato, la única alternativa ofrecida por el Ayuntamiento fue una habitación en un hotel. Según denuncian, esta oferta estaba condicionada a que la familia abandonara su casa antes del 19 de junio. Añaden que la habitación no cuenta con cocina, ni ducha, y que el baño es compartido con otras personas de la planta. El coste de esa habitación, según afirman, es de 600 euros al mes.
Notificación con solo nueve días de margen
El sindicato indica que la familia fue informada del desahucio con solo nueve días de antelación, algo que consideran inusual respecto a otros casos. Desde su punto de vista, este margen tan reducido colocó a la familia en una situación de extrema inestabilidad.
“Una alternativa de miseria”
Según la denuncia del sindicato, el Ayuntamiento presionó a la familia para que se marchara antes de la fecha fijada. Explican que tras una “tensa reunión con los servicios sociales”, recibieron una llamada con la propuesta: si abandonaban la vivienda antes del 19 de junio, se les ofrecía una alternativa habitacional. Esa opción fue la habitación en un hotel, que desde el sindicato consideran insuficiente. Añaden que no cuenta con las condiciones mínimas y que no es adecuada para “cuidar y educar a una niña”.
Según expresan, la familia “se ha visto obligada a aceptar la alternativa de miseria propuesta por el Ayuntamiento”, ante la falta de opciones y la presión institucional.
“De facto, se ha ejecutado el desahucio”
El Sindicato Socialista de Vivienda sostiene que el Ayuntamiento ha utilizado todos sus recursos para lograr que la familia dejase su casa. En sus palabras, “de facto, se ha ejecutado el desahucio”, aunque no haya sido necesaria una intervención policial. Consideran que el objetivo era evitar el impacto social que puede provocar un desahucio público.
También critican que, en lugar de regularizar la situación de la familia, “la han echado de su casa para llevarla a un hotel”. Denuncian que mientras esa habitación de hotel genera un beneficio económico, la vivienda municipal ha quedado vacía, algo que, según dicen, “no tiene ningún sentido”.
Otras dos familias en riesgo
El sindicato recuerda que no es el único caso. Según explican, hace unos meses el Ayuntamiento, a través de la agencia Ensanche 21, inició procedimientos judiciales contra tres familias del Casco Viejo que están organizadas en el Sindicato. Relatan que lograron aplazar un desahucio previsto para el 23 de abril, por lo que esa familia continúa en su hogar. Sin embargo, otras dos familias siguen en riesgo.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda aseguran que seguirán organizándose: Seguiremos defendiendo la organización y la solidaridad de clase para hacer frente a cada intento de desahucio”.
