La situación que viven muchas inquilinas en varios bloques de Vitoria-Gasteiz ha desembocado en una demanda judicial contra La Caixa. Junto al Sindicato Socialista de Vivienda, un grupo de vecinas ha decidido actuar para denunciar las cláusulas abusivas que figuran en sus contratos de alquiler. También exigen mejoras en unas viviendas que, según explican, se encuentran deterioradas y sin mantenimiento.
Llevan meses organizadas, denunciando públicamente lo que consideran una práctica sistemática por parte de la entidad. Hablan de contratos que no se renuevan, subidas del alquiler que no se justifican y presiones para que compren las viviendas a precios inasumibles. También alertan de proyectos que pretenden convertir estos pisos en alojamientos turísticos.
La Caixa ha vendido varios bloques
Además del deterioro de los edificios y de la falta de respuesta por parte de las gestoras, las vecinas critican que La Caixa ha vendido varios bloques, incluidos algunos en Vitoria, al fondo estadounidense Farley Capital y a la inmobiliaria Arusa Europe Capital. Nadie les informó del cambio de propiedad, y los contratos siguen incluyendo las condiciones que denuncian.
Durante todo este tiempo han pedido a La Caixa sentarse a negociar, pero no han recibido respuesta. Ante esa negativa, han decidido dar el paso judicial con una acción de cesación. Con este tipo de demanda buscan que la justicia obligue a eliminar las cláusulas abusivas. También podría servir de base para que otras personas con contratos similares accedan a las mismas mejoras y reclamen gastos que no les correspondía pagar.
Prácticas que favorecen a bancos
Desde el Sindicato explican que este modelo de alquiler, que se presenta como “asequible”, en realidad se apoya en prácticas que favorecen a bancos, inmobiliarias y fondos de inversión. Señalan que estos actores obtienen beneficios mediante subidas del alquiler, cláusulas abusivas y desahucios, y que además se benefician de políticas públicas que les otorgan ventajas fiscales y administrativas.
Critican que todos los partidos políticos permiten y financian este modelo con dinero público. Por eso apuestan por organizarse fuera de ese marco, con redes vecinales y apoyo colectivo para defender unas condiciones de vida dignas.
