La terraza del bar Sagartoki está instalada en la calle Prado pese a que carece de licencia municipal desde el año 2018. Además, no abona tasas por ocupación de vía pública desde diciembre de 2020. A día de hoy, la estructura sigue operativa y sin retirada posible, ya que el procedimiento se encuentra judicializado y pendiente de una resolución del Tribunal Supremo.
Según ha confirmado el Ayuntamiento, actualmente no existe ningún título habilitante para esa terraza y tampoco se le giran recibos desde hace más de tres años. Aun así, la instalación se mantiene ocupando un tramo peatonal de alta concurrencia, lo que ha provocado que se ponga en cuestión su impacto sobre la accesibilidad y la libre circulación de viandantes, especialmente en días de afluencia elevada.
El caso sigue abierto a la espera del Tribunal Supremo
El expediente se remonta a más de una década, con permisos iniciales concedidos en 2011 bajo la fórmula “de precario”, lo que implica que el Ayuntamiento podía revocar las autorizaciones si cambiaban las condiciones. Tras varias prórrogas, en 2018 se denegó la renovación de la licencia por interferencias en el tránsito peatonal.
Desde entonces, el establecimiento ha presentado alegaciones, recursos administrativos y finalmente una demanda judicial. Dos sentencias —una del Juzgado de lo Contencioso y otra del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco— han avalado la decisión del Ayuntamiento de no conceder la licencia. Sin embargo, el bar ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, lo que ha impedido ejecutar la retirada del cerramiento.
El Consistorio prevé que la resolución del Supremo podría llegar en otoño de 2025. Hasta que no exista una sentencia firme, no puede actuarse de forma forzosa contra la instalación, ha señalado la concejala responsable del área.
El debate político en comisión
La situación se ha tratado este miércoles en la Comisión de Espacio Público del Ayuntamiento. EH Bildu y Elkarrekin han denunciado la inacción del Gobierno municipal y han calificado el caso como “muy grave” y “un agravio comparativo” respecto a otros negocios que cumplen con la ordenanza de veladores.
Ambos grupos han subrayado que la terraza no solo lleva años sin licencia ni pagar tasas, sino que tampoco ha recibido ninguna sanción a pesar de ocupar de forma irregular un espacio público. Además, han denunciado que la empresa titular ha recibido 38.000 euros en ayudas públicas entre 2021 y 2024.
La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha respondido que el Ayuntamiento ha actuado “conforme a la legalidad” y que no puede ejecutar la retirada hasta que el Supremo se pronuncie. Ha confirmado que desde enero de 2021 no se cobran tasas porque no existe licencia activa, y que no se han incoado expedientes sancionadores porque no ha habido denuncias de particulares ni de Policía Local.
