El proceso para declarar Vitoria-Gasteiz como zona tensionada de vivienda ha desembocado en un enfrentamiento institucional. Las declaraciones de la alcaldesa Maider Etxebarria, en las que ha señalado a otras administraciones por el retraso en la publicación de los índices de precios de referencia, han recibido una respuesta tajante por parte de la Diputación Foral de Álava.
- El Gobierno Vasco inicia el procedimiento para declarar Vitoria como zona tensionada
- Comienzan las negociaciones en el Ayuntamiento para pactar las ordenanzas fiscales de 2026
La acusación: falta de rigor y desconocimiento
“La ciudadanía espera rigor, coordinación y seriedad de sus representantes, no confusión ni declaraciones que demuestran desconocimiento”. Con esta frase, la Diputación Foral ha contestado a las palabras de Etxebarria, que durante una rueda de prensa ha asegurado que el Ayuntamiento ya ha cumplido con sus deberes para avanzar en la declaración de zona tensionada, pero que aún no se han publicado los índices necesarios para limitar los precios del alquiler.
Desde el Departamento de Hacienda foral recuerdan que la información fiscal para elaborar dichos índices está disponible desde el mes de febrero y que fue remitida al Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en julio, a petición del propio organismo.
En este sentido, la Diputación considera “preocupante” que se trasladen dudas a la opinión pública sobre un procedimiento técnico que, según defienden, ya se ha cumplido en lo que respecta a su competencia.
El Ayuntamiento insiste en la urgencia
En su intervención, la alcaldesa ha asegurado que, sin los índices de referencia, el proceso seguiría bloqueado. “Nos veríamos obligados a seguir esperando en un escenario nada halagüeño, en especial para los más jóvenes que son quienes más están sufriendo el problema del acceso a una vivienda”, afirmó Etxebarria.
La declaración de zona tensionada permitiría intervenir los precios del alquiler en determinadas zonas del municipio, una medida incluida en la Ley de Vivienda y que requiere informes técnicos y colaboración entre instituciones.
Competencias cruzadas y bloqueo institucional
La Diputación ha recordado que el cálculo del Índice de Precios de Referencia no le corresponde, sino que es responsabilidad del Eustat. Aun así, ha subrayado que cumplió con su parte del procedimiento aportando la información fiscal solicitada.
La respuesta pone en evidencia la falta de coordinación entre instituciones, algo que la propia Diputación señala como un obstáculo grave para abordar con garantías un problema como el del acceso a la vivienda.
“La colaboración institucional es imprescindible para afrontar cuestiones de tanta relevancia económica y social”, añaden desde el Palacio Foral.
