La operación para asegurar el control de Talgo desde Euskadi se tambalea. La Audiencia Nacional ha imputado al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por supuestas exportaciones de acero a Israel sin la autorización necesaria del Gobierno español. La acusación se extiende también a otros dos directivos de la compañía.
Este giro judicial llega en un momento clave para la operación empresarial diseñada por un consorcio vasco con apoyo institucional, que pretendía adquirir cerca del 30 % de Talgo y garantizar así su continuidad industrial y su arraigo en Álava. La empresa tiene una planta en Rivabellosa. Dicho consorcio lo forman la propia Sidenor, Finkatuz (Gobierno Vasco), Fundación BBK y Fundación Vital.
Acusación por exportaciones irregulares
El juez de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación por presunta venta de partidas de acero a Israel Military Industries (IMI Systems), empresa vinculada al sector armamentístico. El procedimiento se centra en la posible falta de permisos para exportar material con uso dual, es decir, susceptible de ser destinado tanto a fines civiles como militares.
La causa afecta a la cúpula directiva de Sidenor, incluido su presidente, José Antonio Jainaga. Desde 2016, Sidenor está controlada por un grupo de inversores, entre ellos su equipo gestor.
La empresa ha señalado en un comunicado que ha puesto el caso en manos de su equipo legal y que colaborará con la justicia. También ha recordado que el pasado 1 de julio anunció públicamente la suspensión de sus relaciones comerciales con empresas israelíes, una medida que, según afirma, fue adoptada antes del embargo aprobado por el Gobierno en septiembre.
Un plan industrial con apoyo institucional
La propuesta para adquirir Talgo fue impulsada por un consorcio industrial vasco liderado por Sidenor, con participación del fondo público Finkatuz, la BBK y la Fundación Vital. El objetivo era adquirir el 29,77 % del capital por unos 184 millones de euros, tras el veto del Gobierno a una opa presentada por el consorcio húngaro Ganz-MaVag.
El plan contaba también con el respaldo del Ejecutivo central. A través de la SEPI, se aprobó una inversión de 75 millones de euros: 45 millones en ampliación de capital y 30 millones en deuda convertible en acciones. Esta operación permitiría al Estado controlar aproximadamente el 7,9 % del accionariado de Talgo.
Entre los objetivos del consorcio estaba trasladar la sede social de la empresa a Vitoria-Gasteiz, garantizar el mantenimiento del empleo en la planta alavesa y dar estabilidad a la compañía en un momento de dificultades financieras.
Negociaciones estancadas antes del auto judicial
La imputación del presidente de Sidenor ha empeorado una situación que ya era delicada. Talgo arrastra una multa de más de 100 millones por retrasos en la entrega de trenes a Renfe, y mantiene litigios abiertos en el extranjero. Además, su cotización en Bolsa ha caído de forma notable, lo que ha generado tensiones entre los socios del consorcio.
Fuentes consultadas confirman que las conversaciones entre los actores implicados no avanzaban con fluidez incluso antes del auto judicial. Desde el Gobierno central se habían mostrado reticencias al desarrollo de la operación, que solo se desbloqueó tras la presión del PNV.
La imputación, un punto de inflexión
Tras conocerse la investigación judicial, el Ejecutivo valora buscar una alternativa. Los ministerios de Hacienda y Transportes, que están involucrados en la operación junto a Moncloa, mantienen la cautela y estudian posibles escenarios. La sensación general es que el proyecto, tal y como estaba planteado, está gravemente comprometido.
Por el momento, ni el Gobierno vasco ni la SEPI han realizado valoraciones públicas. Tampoco se ha fijado nueva fecha para el cierre de la operación, que ahora queda en suspenso hasta que se aclare la situación judicial.
Comparecencia en la Audiencia Nacional
El presidente de Sidenor y los otros dos directivos imputados han sido citados a declarar el próximo 12 de noviembre. Hasta entonces, no se espera ningún avance relevante en el proceso de compra. El futuro del consorcio industrial dependerá en buena medida del desarrollo de este procedimiento judicial.
Mientras tanto, Talgo sigue cotizando en un entorno volátil. Sus acciones rondan los 3,5 euros, lejos del valor acordado inicialmente con el consorcio vasco, que era de 4,15 euros por título.
