El año 2025 se cierra con un balance devastador para la libertad de prensa. Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), 67 periodistas han sido asesinados en el mundo por ejercer su profesión, una cifra que sitúa este ejercicio entre los más mortíferos de las últimas décadas. La Federación Internacional de Periodistas eleva el recuento hasta los 111 profesionales de la información asesinados.
«Los periodistas no mueren, son asesinados», resume Thibaut Bruttin, director general de RSF, subrayando que estas muertes no son accidentes ni daños colaterales, sino ataques deliberados contra quienes informan.
Gaza: la tumba del periodismo
La Franja de Gaza se ha convertido en el lugar más peligroso del planeta para ejercer el periodismo. RSF documenta que 29 periodistas palestinos fueron asesinados por fuerzas israelíes durante 2025, lo que representa el 43% del total mundial. Esta cifra convierte a Israel en lo que la organización califica como «el peor enemigo de los periodistas» del año.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, las estimaciones oscilan entre 220 y 250 periodistas muertos en Gaza. RSF señala que al menos 65 de ellos fueron atacados deliberadamente por su labor informativa.
Uno de los episodios más cruentos ocurrió el 25 de agosto, cuando un ataque de «doble impacto» contra el hospital Nasser de Khan Yunis acabó con la vida de cinco periodistas en un único incidente: Hossam Al-Masri (Reuters), Mohammed Salama (Al Jazeera), Maryam Abu Deqa (Associated Press), Moaz Abu Taha (NBC News) y Ahmad Abu Aziz (periodista independiente).
Más allá de los asesinatos, Israel mantiene un bloqueo informativo total sobre Gaza desde hace más de 20 meses, impidiendo el acceso de periodistas extranjeros salvo en visitas organizadas por las autoridades militares. El Sindicato de Periodistas Palestinos documentó 57 violaciones contra profesionales de la información solo durante noviembre, incluyendo detenciones, confiscación de equipos y agresiones físicas.
México: la amenaza del crimen organizado
Con nueve periodistas asesinados, México ocupa el segundo lugar en este trágico ranking mundial. A diferencia de Gaza, donde el agresor es el Estado, en territorio mexicano la violencia proviene fundamentalmente del crimen organizado, con carteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa identificados como principales responsables.
Entre las víctimas de 2025 figuran Cayetano de Jesús Guerrero, subdirector de Global México, asesinado en enero pese a estar inscrito en el programa federal de protección desde 2014; Kristian Uriel Zavala Martínez, fundador del portal Silaoense MX, tiroteado mientras viajaba en un vehículo de transporte; y José Carlos González Herrera, director de El Guerrero Opinión Ciudadana, abatido a balazos en Acapulco tras salir de un estudio de grabación.
RSF advierte además de que México concentra 28 de los 135 periodistas desaparecidos en el mundo, la cifra más alta de cualquier país. La organización denuncia una «mexicanización» de América Latina, con patrones de violencia contra la prensa que se extienden a otros países de la región.
Impunidad generalizada
El denominador común en ambos contextos es la impunidad absoluta. En Gaza no se han abierto investigaciones internacionales independientes sobre los asesinatos de periodistas. En México, ninguno de los crímenes de 2025 ha resultado en detenciones, y los mecanismos oficiales de protección han demostrado ser ineficaces: dos de los periodistas asesinados contaban con medidas de protección en el momento de su muerte.
Encarcelados y desaparecidos
El informe de RSF revela que 503 periodistas permanecen encarcelados en 47 países por su trabajo informativo. China lidera esta lista con 121 profesionales detenidos, seguida de Rusia con 48 y Birmania con 47.
Por primera vez en la historia del Índice Mundial de Libertad de Prensa, la situación global se clasifica como «difícil», con la presión económica sobre los medios como factor de riesgo emergente junto a la represión violenta.
Las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa han reclamado investigaciones independientes, el establecimiento de responsabilidades mediante la justicia internacional y el acceso garantizado de periodistas a zonas de conflicto. Mientras tanto, el silencio impuesto a sangre y fuego sigue ampliándose.
España mejora en el ranking, pero la polarización y las demandas abusivas amenazan la prensa
En el contexto europeo, España ha experimentado una mejora en el Índice Mundial de Libertad de Prensa, ascendiendo del puesto 30 al 23 entre 180 países evaluados. Sin embargo, RSF advierte de que persisten amenazas significativas que condicionan el ejercicio del periodismo.
La polarización política, señala el informe, se refleja peligrosamente en los medios de comunicación, difuminando la línea entre información y opinión. A esta tendencia se suma el aumento de las demandas abusivas contra periodistas, conocidas como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), un mecanismo que busca silenciar la información crítica mediante el desgaste judicial y económico.
El panorama mediático español se caracteriza por una alta concentración a nivel estatal, con Atresmedia, Mediaset y RTVE dominando el mercado audiovisual. En el ámbito autonómico, la presencia de radiotelevisiones públicas agrupadas en la FORTA incrementa el riesgo de injerencias políticas, según la organización.
Presiones que no llegan a los tribunales
Las demandas judiciales son solo la punta del iceberg. Según ha podido conocer este medio por diversas fuentes del sector, en España se ha normalizado una práctica que erosiona la libertad de prensa de forma silenciosa pero constante: la presión directa de gabinetes de comunicación sobre periodistas y directores de medios.
Responsables de prensa de instituciones públicas —ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos— y de grandes empresas contactan habitualmente con redacciones para recriminar informaciones que consideran desfavorables, cuestionar el enfoque de las noticias o exigir rectificaciones que no siempre están justificadas. En los casos más graves, estas llamadas incluyen amenazas veladas de retirar la publicidad institucional, una fuente de ingresos de la que dependen especialmente los medios locales y regionales.
Esta dinámica, que rara vez trasciende públicamente, genera un clima de autocensura que condiciona el trabajo diario de las redacciones. Los periodistas más vulnerables son quienes trabajan en medios pequeños o en situación de precariedad laboral, donde una llamada incómoda del gabinete de turno puede derivar en presiones internas para suavizar coberturas o directamente evitar determinados temas. El resultado es un periodismo cada vez más condicionado por quienes deberían ser objeto de escrutinio, no árbitros de lo que se publica.
Luces y sombras legislativas
El Gobierno ha anunciado medidas ambiciosas para implementar el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), incluyendo iniciativas contra las demandas abusivas, la derogación de los artículos más controvertidos de la llamada «ley mordaza» y la despenalización de delitos de opinión. No obstante, RSF advierte de que estas promesas dependen de frágiles alianzas parlamentarias y critica que la elección del consejo de administración de RTVE haya requerido modificaciones por decreto, una práctica contraria al espíritu de la normativa europea.
En el plano económico, el informe constata que el periodismo español atraviesa una situación de «precariedad crónica», agravada por la transformación del modelo de negocio del sector. Esta fragilidad económica, precisamente, es lo que hace a los medios más vulnerables a las presiones descritas.
Ciberacoso y hostigamiento desde la extrema derecha
RSF alerta del incremento del ciberacoso contra periodistas, vinculado al auge de la extrema derecha y su visibilidad en redes sociales. El partido Vox continúa difundiendo desinformación e impidiendo el acceso de periodistas a sus actos, mientras que el informe señala específicamente las amenazas y la desinformación procedentes del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid como «una seria amenaza para la libertad de prensa», en referencia a la demanda interpuesta por su pareja contra varios profesionales de la información.
Pese a todo, el indicador de seguridad física ha mejorado respecto a años anteriores, con un descenso de las agresiones sobre el terreno.
