La propuesta presupuestaria de la Unión Europea para 2028-2034 abre un choque frontal entre agricultura y defensa. El recorte histórico de la Política Agrícola Común reaviva la protesta del campo y plantea un debate de fondo sobre soberanía alimentaria, prioridades geopolíticas y futuro del medio rural.
En julio de 2025, la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, presentó su propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034. El plan eleva el presupuesto global de la Unión Europea hasta cerca de dos billones de euros, pero introduce un cambio sustancial en el reparto de fondos.
La Política Agrícola Común (PAC) pasa de unos 387.000 millones de euros en el periodo 2021-2027 a alrededor de 300.000 millones, lo que supone un recorte nominal de entre el 20 y el 23%, que en términos reales, ajustado a la inflación, podría superar el 30% según estimaciones del propio sector agrario.
En paralelo, el gasto europeo en defensa y seguridad se multiplica por cinco y alcanza los 131.000 millones de euros, dentro de una estrategia que prioriza la preparación ante amenazas geopolíticas, la competitividad industrial y el apoyo militar a Ucrania.
¿Menos agricultura para más armas?
La Comisión niega una reasignación directa de fondos de la PAC a defensa. No existe una línea presupuestaria que traslade euros del campo a la industria militar. Sin embargo, la lectura política es clara para el sector: las partidas tradicionales se reducen mientras se refuerzan las ligadas a seguridad, defensa y rearme europeo.
Además, la propuesta introduce un cambio estructural de gran calado. La PAC deja de presentarse como una política común claramente diferenciada y pasa a integrarse en un “megafondo” único junto a cohesión regional, migración u otras políticas. Esta fórmula, defendida como una modernización del presupuesto, diluye la identidad de la PAC y abre la puerta a una mayor flexibilidad nacional en el uso de los fondos.
Para muchas organizaciones agrarias, este diseño facilita futuros trasvases y rompe uno de los pilares históricos de la construcción europea.
El campo europeo se moviliza
La reacción del sector agrario no se hizo esperar. Organizaciones como ASAJA, COAG o UPA calificaron la propuesta de “desmantelamiento de la PAC” y denunciaron que Bruselas está “cambiando alimentos por armas”.
Durante 2025 se sucedieron protestas masivas en Bruselas, con miles de agricultores desplazados desde distintos países y mensajes dirigidos directamente a la presidenta de la Comisión. Las movilizaciones evidencian un malestar profundo en un sector que ya venía arrastrando problemas de rentabilidad, relevo generacional y presión de los mercados internacionales.
Varios gobiernos, entre ellos el de España, y numerosos eurodiputados han expresado su rechazo al recorte, alertando de sus efectos sobre la seguridad alimentaria, el empleo rural y el equilibrio territorial. En el otro lado, los llamados países “frugales”, como Alemania o Países Bajos, defienden la necesidad de ajustar la PAC para financiar nuevas prioridades estratégicas.
El impacto en España
España es uno de los principales beneficiarios de la PAC, solo por detrás de Francia y Alemania. En el actual marco 2021-2027 recibe unos 47.700 millones de euros, alrededor de 7.000 millones anuales.
La propuesta para 2028-2034 reduce esa asignación mínima hasta 37.200 millones, lo que supone una pérdida cercana a 10.000 millones de euros en el conjunto del periodo. En términos anuales, el recorte rondaría los 900 millones de euros menos para el campo español.
Las organizaciones agrarias estiman una merma media de hasta 1.700 euros por explotación, con especial impacto en regiones como Andalucía, Castilla y León, Extremadura o la Comunidad Valenciana. El sector alerta de riesgos a medio plazo: reducción de producción, mayor dependencia de importaciones, encarecimiento de algunos alimentos y aceleración del despoblamiento rural.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha manifestado una oposición “absolutamente firme” y defiende mantener una PAC fuerte, con dos pilares diferenciados y dotación suficiente.
Euskadi y el modelo de baserri
En Euskadi, el impacto se mide en cifras más modestas pero con consecuencias estructurales relevantes. El País Vasco recibe alrededor de 44-45 millones de euros anuales en ayudas directas de la PAC y unos 87 millones para desarrollo rural en el periodo actual.
Aplicando el recorte propuesto, la pérdida podría situarse entre 8 y 10 millones de euros anuales, una cantidad significativa para un modelo agrario basado en explotaciones pequeñas y familiares, con fuerte peso de la ganadería y la producción de calidad.
El Gobierno Vasco ha rechazado el planteamiento de Bruselas y advierte de que la integración en un fondo único puede reducir la capacidad de gestión autonómica y foral. Las organizaciones agrarias vascas comparten la preocupación por el impacto en la renta de los baserritarras, el relevo generacional y el mantenimiento del medio rural.
Álava y la viticultura en riesgo
En Álava, la PAC es clave para sectores estratégicos como la viticultura de Rioja Alavesa, la ganadería y los cultivos extensivos. La provincia concentra en torno al 40-50% de los fondos PAC que recibe Euskadi, con ayudas esenciales para el mantenimiento de viñedos viejos, ecorregímenes y desarrollo rural.
El recorte global planteado se traduciría en varios millones de euros menos cada año, con especial incidencia en explotaciones vitivinícolas familiares. Desde la Diputación Foral de Álava se alerta del riesgo de abandono de viñedos, pérdida de paisaje agrario y debilitamiento del tejido rural, además de una mayor dificultad para complementar las ayudas con políticas forales propias.
