El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Gogora, está revisando materiales audiovisuales relacionados con la concentración celebrada por Falange Española el pasado 12 de octubre en la Plaza de la Provincia de Vitoria-Gasteiz. El objetivo es determinar si durante el acto se produjo alguna vulneración de la Ley vasca de Memoria Histórica y Democrática.
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Los vídeos grabados aquel día muestran a asistentes realizando saludos fascistas y cantando el himno «Cara al sol». Gogora analiza ahora si estos hechos pueden encajar en los supuestos sancionables de la norma autonómica, que prohíbe expresamente los actos de exaltación del franquismo o que atenten contra la dignidad de las víctimas. Las sanciones previstas por la ley oscilan entre 2.000 y 150.000 euros, según la gravedad.
Antecedentes institucionales y reacciones ya expresadas
Días después de la concentración, el diputado general de Álava, Ramiro González, explicó que la Diputación Foral no tiene competencias para autorizar o prohibir este tipo de actos. «La institución foral no autoriza o deniega este tipo de concentraciones porque no le corresponde», declaró. A pesar de ello, manifestó su rechazo a la convocatoria. «Quienes vienen a hacer el saludo nazi, fascista, a cantar el Cara al sol, a amenazar a la pacífica gente de Vitoria-Gasteiz, no deben de ser un partido legal».
En su opinión, la única vía para impedir este tipo de actos sería la aplicación de la Ley de Partidos.
Rechazo a los disturbios posteriores
El diputado general también rechazó los altercados ocurridos tras la concentración. «La respuesta no es la violencia», afirmó, y criticó a «un grupo de cientos de jóvenes con la cara tapada, uniformados de negro, jerarquizados y parece que financiados» que protagonizaron los disturbios. La jornada se saldó con 19 personas detenidas, 20 agentes de la Ertzaintza heridos y numerosos daños en el mobiliario urbano.
Denuncias de entidades memorialistas
Catorce asociaciones anunciaron posteriormente la presentación de una denuncia contra el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Consideran que se permitió una concentración que «revictimizó» a las víctimas del franquismo mediante la «exhibición de simbología» y «discursos apologéticos del fascismo». También señalan que Vitoria-Gasteiz fue escenario directo de la represión franquista, citando la masacre del 3 de marzo de 1976.
Las entidades critican la actuación de la Ertzaintza y la Policía Local, a quienes acusan de no haber impedido los hechos. Alegan que la normativa contempla también la responsabilidad de quienes, teniendo obligación legal de impedir infracciones, no lo hacen. Solicitan que se investigue a los organizadores del acto y a los responsables de los operativos policiales y políticos implicados.
En sus comunicados recordaron a las víctimas alavesas del franquismo como los asesinados en Azazeta, entre ellos Teodoro González de Zárate y Francisco Díaz de Arcaya, y a figuras como Estepan Urkiaga «Lauaxeta».
Denuncias por violencia policial
El colectivo U12 Jazartuak denunció tras los hechos lo que calificó como una actuación «violenta e irresponsable» de la Ertzaintza. Aseguraron que los agentes golpearon a personas en el suelo, dispararon pelotas de goma a la cabeza y causaron lesiones graves, entre ellas una mandíbula rota, traumatismos oculares y pérdida de dientes. Calculan que unas 30 personas necesitaron atención médica, aunque muchas no acudieron por miedo a ser identificadas.
Según su versión, los agentes actuaron en ocasiones «junto a los grupos fascistas». Exigen el cierre de causas judiciales y una investigación interna sobre lo ocurrido.
Investigaciones internas abiertas
La Ertzaintza abrió una investigación interna tras conocer posibles lesiones causadas durante los disturbios. El caso fue remitido también a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Además, se incoó un expediente sancionador por el uso de simbología preconstitucional y la falta de control de objetos peligrosos durante la concentración.
Posicionamientos políticos
La alcaldesa Maider Etxebarria evitó posicionarse sobre la ilegalización de Falange, al considerar que se trata de un debate «supramunicipal». Sí expresó su preocupación por los daños ocasionados en la ciudad y reconoció que la Ertzaintza se vio «desbordada». Reclamó medios adicionales para evitar que esta situación se repita.
Por su parte, la primera teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, se mostró partidaria de ilegalizar organizaciones que defienden valores antidemocráticos o exaltan símbolos franquistas o nazis. «No deben tener cabida en el espectro político», declaró.
