La Diputación Foral de Álava ha concluido su papel de acompañamiento institucional al Club Deportivo Lakua tras la presentación del nuevo plan de viabilidad por parte de su actual junta directiva. En una reunión mantenida este martes entre representantes del Departamento de Cultura y Deporte, familias, la Federación Alavesa de Fútbol y el nuevo equipo gestor, se detallaron las bases del proyecto que pretende garantizar la continuidad del club, estabilizar su funcionamiento y reorganizar su estructura interna tras una grave crisis institucional y económica.
La diputada foral Ana del Val ha expresado su “apoyo y enhorabuena” a los nuevos responsables, Sergio Lasarte Ruiz de Mendarozqueta y Juan Antonio Coria, por asumir la reorganización de un club que, según ha reconocido, se encontraba “en grave riesgo de desaparición”. Del Val ha agradecido también “la actitud constructiva” de las familias implicadas y la colaboración de la Federación Alavesa, claves en un proceso que ha implicado reuniones urgentes, revisión de cuentas y un seguimiento técnico por parte del departamento foral.
La nueva directiva convocará en los próximos días una asamblea con las familias para exponer en detalle el plan de viabilidad y el nuevo modelo organizativo. Este documento, elaborado en coordinación con la Diputación y los órganos federativos, incorpora medidas de control económico, auditoría de la gestión anterior y mecanismos de participación para reforzar la transparencia. Una vez activado este proceso, la institución foral considera cerrada su intervención directa, trasladando ahora la responsabilidad de la gestión ordinaria al propio club.
Este punto de inflexión llega apenas dos semanas después de la dimisión en bloque del anterior presidente, Mohamed Akbache, y toda su junta directiva, tras intensas semanas de protestas por parte de entrenadores, familias y jugadores. La situación derivó en una crisis interna con impagos a técnicos, carencias materiales, denuncias de mala gestión y una fuerte pérdida de confianza. El episodio más crítico tuvo lugar el 10 de enero, cuando cientos de familias rodearon el Centro Cívico de Zabalgana en una concentración espontánea para pedir la dimisión de Akbache, que acabó abandonando el lugar escoltado por la Policía Local.
En su comunicado de salida, Akbache alegó “responsabilidad y dignidad” como motivos para abandonar el cargo, acusó a las familias de no pagar las cuotas y dejó abierta la puerta a posibles acciones judiciales. Sin embargo, varios grupos de madres y padres presentaron justificantes de pago para desmentir esas cifras, señalaron irregularidades en la gestión y agradecieron públicamente el apoyo institucional.
