Caso Aimar | Dos agentes de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz han sido condenados por la Audiencia Provincial de Álava tras una intervención ocurrida en marzo de 2023 en el barrio de Zabalgana, donde un menor de 16 años resultó herido tras ser detenido de forma violenta mientras conducía un patinete eléctrico. La sentencia establece que los agentes emplearon una fuerza «innecesaria» en el momento de la detención.
Los hechos tuvieron lugar cuando el joven circulaba por una zona peatonal, lo que motivó que los policías, que se desplazaban en motocicleta e ignoraban que se trataba de un menor, intentaran darle el alto. El joven no se detuvo y, según la resolución judicial, emprendió la huida «a gran velocidad». Durante la persecución, «puso en peligro a las personas», ya que «atravesó pasos de peatones, circulando y zigzagueando por zonas peatonales», incluso cerca de una terraza donde había niños.
Una intervención desproporcionada
Los policías consiguieron interceptarlo tras una breve persecución. El joven «hizo el gesto de levantar las manos», pero los agentes «se lanzaron sobre él con una brusca y desproporcionada maniobra de ‘placaje'». Una vez en el suelo, y «asumiendo que podrían menoscabar la integridad física» del menor, «hicieron presión de forma brusca e innecesaria con sus brazos y rodillas sobre distintas partes de su cuerpo». Tras esposarlo, comprobaron que «sangraba abundantemente por la nariz» y solicitaron una ambulancia.
Como consecuencia de esta actuación, el menor sufrió una fractura nasal, diversas contusiones y requirió tratamiento psiquiátrico por un cuadro clínico compatible con trastorno adaptativo.
El tribunal considera que no ha quedado demostrado que el joven «intentara huir» una vez interceptado ni que «forcejeara con ellos braceando o proyectara patadas». Tampoco se ha podido probar que los agentes emplearan insultos o le propinaran puñetazos, codazos o patadas.
Ambos agentes han sido condenados como autores de un delito de lesiones, aunque se les reconoce la eximente incompleta por haber actuado en el ejercicio de su deber. La pena impuesta consiste en una multa de 15 euros diarios durante cuatro meses, lo que equivale a un total de 1.800 euros por agente. Además, deberán abonar conjuntamente 4.380 euros de indemnización al menor. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Un caso que generó preocupación vecinal y silencio institucional
Este suceso no solo tuvo repercusión judicial, sino también un importante eco social y político en Vitoria-Gasteiz. Desde el primer momento, la actuación policial generó una gran inquietud entre el vecindario de Zabalgana, donde ocurrieron los hechos. Asociaciones de familias de centros educativos del barrio emitieron un comunicado expresando su «preocupación» y reclamando responsabilidades. A su juicio, la intervención fue «desproporcionada» e «incompatible con lo que se espera de una autoridad pública».
Por parte del Ayuntamiento, el entonces equipo de Gobierno municipal, formado por PNV y PSE-EE, mantuvo un perfil bajo durante semanas, según la cobertura realizada por este medio en 2023. La concejala de Seguridad de aquel momento, Marián Gutiérrez (PSE), evitó hacer declaraciones públicas hasta que fue interpelada en comisión. La única información facilitada inicialmente desde su departamento se limitó a remarcar que el menor circulaba «de manera temeraria», que desobedeció las indicaciones de los agentes y que la situación se encontraba en manos de la justicia.
Desde la oposición, únicamente EH Bildu pidió explicaciones y la comparecencia de la concejala para esclarecer lo ocurrido. «Lo sucedido es muy grave, exigimos al gobierno municipal que lleve la investigación y todas sus consecuencias hasta el final», expresó entonces la portavoz de la coalición, Rocío Vitero.
El relato de los hechos y la versión familiar
Según la denuncia presentada en su momento, el joven conducía su patinete cerca de su domicilio cuando los agentes intentaron detenerlo haciendo sonar el claxon de forma insistente. El menor se refugió en una urbanización y, al ser alcanzado por los policías, fue reducido mediante golpes, a pesar de no oponer resistencia, según esa versión. Una mujer que presenció la escena ayudó al chico a contactar con su familia. El joven fue atendido en el hospital de Txagorritxu, donde se confirmó la fractura nasal.
Según pudo saber este medio en aquel momento, el Ayuntamiento solicitó a algunos medios de comunicación no publicar la información al considerar que «no era lo que parecía», y dudó públicamente del testimonio del menor. Ningún miembro del gobierno local contactó con la familia para interesarse por su estado.
Fuentes internas del cuerpo policial, en declaraciones a GasteizBerri bajo condición de anonimato, reconocieron entonces que la actuación había dañado la imagen de la Policía Local. Agentes veteranos expresaron su preocupación por el comportamiento de las nuevas promociones: «No hace falta ser tan violento, y menos con un menor».
