José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y desde diciembre de 2025 nuevo presidente de Talgo, lidera una nueva etapa en el fabricante ferroviario marcada por el regreso de la sede social a Álava y el control mayoritario del capital por parte de un consorcio vasco. El cambio fue aprobado el 17 de diciembre por el consejo de administración, coincidiendo con la toma de control del 27,4 % de las acciones por parte del bloque inversor integrado por Mirai (vehículo de Jainaga), el fondo público Finkatuz (Gobierno Vasco), BBK, Fundación Vital y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La operación superó los 150 millones de euros y supuso como condición explícita el retorno del centro de decisiones de Talgo a Vitoria-Gasteiz, donde fue fundada en 1942.
La fábrica principal, ubicada en Rivabellosa, ha sido históricamente el núcleo de producción de trenes como el Avril, y seguirá siendo uno de los ejes estratégicos de la compañía. La nueva dirección apuesta por consolidar el arraigo territorial e industrial de Talgo y duplicar su capacidad productiva en la provincia, según ha señalado el diputado general de Álava, Ramiro González. Rafael Sterling (ex Irizar) ha sido designado como nuevo director general, en sustitución de Gonzalo Urquijo, cesado en diciembre.
Investigado por la Audiencia Nacional
Jainaga asume la presidencia en un contexto marcado también por un procedimiento judicial en curso. Desde octubre de 2025 está siendo investigado por la Audiencia Nacional junto a otros dos directivos de Sidenor, en el marco de una causa abierta por la venta de acero a Israel Military Industries (IMI), fabricante de armamento. La investigación parte de una querella presentada por la Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa y la campaña “Fin al Comercio de Armas con Israel”, y está dirigida por el juez Francisco de Jorge.
Los delitos imputados incluyen presunto contrabando —por exportaciones sin la autorización exigida— y complicidad en un posible delito de lesa humanidad, por considerar que la empresa tenía conocimiento del uso final del material en el contexto del conflicto en Gaza. El 12 de noviembre, los investigados comparecieron en la Audiencia Nacional y se limitaron a responder a sus abogados. Jainaga defendió la legalidad de las operaciones, aportó documentación aduanera y aseguró que las entregas se cancelaron antes de que entraran en vigor restricciones adicionales. La causa permanece abierta y en fase de instrucción.
La firma guipuzcoana Idistek
En paralelo, Mirai continúa ampliando su red industrial con la incorporación de la firma guipuzcoana Idistek a la división electrónica Ohmnia, integrada por siete empresas dedicadas al diseño y fabricación de componentes para sectores como el ferroviario, aeronáutico, energético y de defensa. Esta estrategia refuerza la apuesta por una industria vasca con capacidades avanzadas, inserta en cadenas de valor globales y con centro de decisión local.
