La desclasificación de los 153 documentos relativos al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha permitido por primera vez leer en su literalidad cómo los servicios de inteligencia y los militares golpistas percibían —y utilizaban— la situación en Euskadi. Las referencias al País Vasco recorren buena parte de los archivos, desde los informes del CESID hasta las conversaciones telefónicas intervenidas a la familia de Tejero, y dibujan un cuadro en el que la violencia de ETA, el proceso autonómico y la movilización de la izquierda abertzale sirvieron simultáneamente como justificación del golpe y como termómetro de la «amenaza interior» que obsesionaba al estamento militar.
Estas son las menciones más relevantes que afectan directamente a Euskadi, Álava y Vitoria-Gasteiz.
Vitoria, señalada como «foco de amenaza» por el CESID
El hallazgo más significativo para la capital alavesa se encuentra en un informe secreto del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) fechado en marzo de 1981, apenas semanas después del golpe, titulado «Informe sobre la Amenaza Interior».
El documento analiza el riesgo de «separatismo revolucionario» en el Estado y elabora un cuadro estadístico provincia por provincia en el que se detalla el apoyo electoral a lo que denomina opciones «separatistas revolucionarias» —Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra—. Para Álava, la cifra consignada es de 24.463 votos, un 13,5% del censo electoral provincial.
Pero lo más llamativo es el siguiente paso del análisis: el informe identifica los núcleos urbanos que, por concentrar más de 2.000 votos a estas formaciones, podrían constituir una amenaza autónoma en caso de «actitudes insurgentes» o «desobediencia civil». En esa lista, elaborada con criterio militar, aparece Vitoria con 18.371 votos, señalada como el principal punto de atención en toda la provincia.
Es decir, los servicios de inteligencia del Estado consideraban a la capital alavesa, apenas cinco años después de los sucesos del 3 de marzo de 1976, como un foco potencial de insurrección. Un dato que, leído hoy, resulta tan revelador de la mentalidad de aquella inteligencia militar como de la realidad política vasca de la Transición.
«Lo único que quería es ir a las Vascongadas y acabar con el terrorismo»
Si el CESID vigilaba Euskadi como amenaza, los golpistas la utilizaban como razón de ser. A lo largo de los interrogatorios del consejo de guerra y de las declaraciones de los procesados, el «problema vasco» aparece como la justificación más recurrente para la intentona.
Los documentos recogen que tanto Milans del Bosch como Tejero presentaban su acción no como un golpe de Estado clásico, sino como una intervención temporal para «hacer frente al terrorismo separatista» y «terminar el actual proceso autonómico». El objetivo declarado no era perpetuarse en el poder, sino instaurar un gobierno militar breve que impusiera orden en el norte.
Esa obsesión con Euskadi queda retratada de forma especialmente gráfica en las conversaciones telefónicas intervenidas a la hija de Tejero, que describe la verdadera ambición de su padre en términos muy directos: no quería ser presidente del Gobierno; lo que quería era «ir a las Provincias Vascongadas, encargarse de ellas y acabar con el terrorismo». Una frase que resume tanto la mentalidad del golpismo como su desconexión de la realidad política que pretendía gobernar.
La visita del Rey a Guernica: ¿provocación calculada?
Uno de los documentos más polémicos, el llamado «Anónimo 23-F» —un texto sin firma que circulaba por cuarteles—, dedica un pasaje extenso al viaje de Juan Carlos I al País Vasco a principios de febrero de 1981, días después de la dimisión de Adolfo Suárez.
Según la tesis que desarrolla el documento, la visita se habría realizado intencionadamente en el peor momento posible, «sabedor de la actitud que a buen seguro adoptarían los partidos que dan soporte a ETA». El objetivo, siempre según este relato, era doble: que los diputados de Herri Batasuna provocaran un incidente en la Casa de Juntas de Guernica —como efectivamente ocurrió con los conocidos abucheos al monarca— para «prestigiar la figura personal del Rey y sensibilizar e irritar aún más al Ejército». Como supuesta prueba, el texto señala que el rey llevaba una respuesta escrita preparada de antemano.
Ningún otro documento desclasificado corrobora esta interpretación, que los analistas enmarcan en la campaña de desinformación militar destinada a involucrar a la Corona en la trama golpista. Pero el episodio ilustra hasta qué punto Euskadi era la pieza central del tablero narrativo del 23-F: servía tanto para justificar el golpe como para explicar su fracaso.
La quema de la bandera en Anoeta y el consejo de guerra
Los documentos posteriores al golpe también contienen referencias vascas significativas. Un informe de marzo de 1982, en los días previos a la celebración del juicio contra los golpistas, menciona con preocupación la quema de una bandera española en el velódromo de Anoeta (Donostia-San Sebastián).
El documento advierte de que el incidente podría ser instrumentalizado por las defensas de los procesados para «provocar un altercado en la sala» del consejo de guerra, y recomienda a la autoridad gubernativa imponer una «sanción ejemplar». Es un detalle menor en el conjunto de la documentación, pero refleja con precisión cómo cualquier episodio ocurrido en Euskadi era leído en clave de tensión militar durante aquellos meses.
La Guardia Civil en Euskadi: ¿desesperación o mejoría?
Otro punto de disputa aparece en la declaración del Teniente General Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil en el momento del golpe, durante el juicio. Preguntado por la situación de sus fuerzas en el norte, Aramburu afirmó que «el estado moral de las fuerzas y familias, particularmente las del País Vasco, han mejorado notablemente en los dos últimos años».
Esta declaración tenía un objetivo procesal claro: contradecir la tesis de la defensa de los golpistas, que argumentaba que la situación del cuerpo en Euskadi era «desesperada e insostenible» y que, por tanto, la intervención militar estaba justificada por un estado de necesidad. La realidad de las familias de guardias civiles destinados en el País Vasco, sometidas a una presión y un riesgo constantes por los atentados de ETA, se convertía así en un argumento utilizado por ambas partes del juicio.
Álava durante las horas del golpe: paro convocado, seguimiento escaso
Los informes de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao sobre la situación en Euskadi durante la noche del 23 al 24 de febrero también aportan un retrato de lo ocurrido en Álava.
Según la documentación, las centrales sindicales UGT y CCOO convocaron un paro de dos horas en la tarde del 23 de febrero como respuesta a la toma del Congreso. Sin embargo, el informe policial consigna que la convocatoria «solo fue secundada por Unión Explosivos Río-Tinto», y que la situación general en la provincia fue de «normalidad», con llamamientos de los partidos políticos a la calma.
Es una estampa ambivalente: por un lado, la reacción obrera fue limitada; por otro, que las centrales sindicales convocaran un paro en cuestión de horas habla de una sociedad que, pese al miedo, no se quedó quieta.
