Las inspecciones municipales sobre el personal de control de accesos en locales de ocio nocturno de Vitoria-Gasteiz han detectado decenas de incumplimientos de la normativa, según se ha debatido en una comisión municipal celebrada esta semana. El asunto ha vuelto al Ayuntamiento en el contexto del debate sobre la seguridad en discotecas tras el asesinato de Kerman en febrero de 2025 a manos del portero de la ya cerrada discoteca Mitika, un suceso que impulsó la revisión de estos controles.
Según los datos expuestos durante la comisión, las primeras inspecciones específicas al personal de control de accesos comenzaron después de ese suceso. En las revisiones realizadas por la Policía Local se detectaron numerosas irregularidades, principalmente relacionadas con porteros que ejercían su función sin la habilitación obligatoria exigida por la ley. En un primer momento se registraron 16 incumplimientos en 23 inspecciones, y posteriormente se identificaron otros 19 casos similares en nuevas revisiones.
Inspecciones municipales en locales de menos de 700 personas
La normativa de espectáculos públicos establece que el Ayuntamiento debe inspeccionar los locales de ocio nocturno con aforo inferior a 700 personas. En Vitoria-Gasteiz la mayoría de las salas se encuentran en ese rango: 25 de las 27 existentes, según los datos aportados durante la comisión.
En estas inspecciones se debe comprobar, entre otras cuestiones, que las personas encargadas del control de accesos dispongan del título habilitante y que desarrollen su trabajo conforme a la normativa, evitando comportamientos violentos o prácticas irregulares.
Incumplimientos detectados y expedientes abiertos
A raíz de las inspecciones realizadas tras febrero de 2025, el Ayuntamiento ha levantado actas por presuntas infracciones relacionadas con el control de accesos. Según la información trasladada en la comisión, se han remitido 30 actas de infracción para su tramitación administrativa.
De esas actas, 20 han dado lugar al inicio de procedimientos sancionadores, al considerarse infracciones de carácter leve.
Además, desde la Policía Local se ha informado de que 37 denuncias relacionadas con irregularidades en el personal de acceso han sido trasladadas al departamento municipal encargado de instruir los expedientes.
Debate sobre quién debe sancionar
Durante el debate municipal también se planteó qué administración debe imponer las sanciones. La normativa autonómica establece que la potestad sancionadora corresponde al Gobierno Vasco, mientras que el Ayuntamiento puede realizar inspecciones e instruir los expedientes.
Según se explicó en la comisión, las inspecciones de la Policía Local se trasladan al departamento municipal correspondiente para su tramitación y, en función de la gravedad de los hechos, pueden derivar en sanciones municipales o en su comunicación al Gobierno Vasco.
Denuncias y comportamientos violentos
Otro de los aspectos abordados en el debate municipal fue la necesidad de conocer cuántas denuncias existen contra porteros por agresiones, violencia o mala praxis en el ejercicio de sus funciones.
La normativa obliga a las administraciones a registrar las infracciones y comunicar los datos al Gobierno Vasco, con el fin de poder detectar posibles casos de reincidencia en el sector del control de accesos.
El debate político se centra ahora en cómo reforzar las inspecciones y mejorar la coordinación administrativa, en un contexto marcado por el impacto que tuvo el caso de la discoteca Mitika y la exigencia de reforzar los controles en los locales de ocio nocturno de la ciudad.
