El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha condenado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a indemnizar con 50.000 euros a la asociación Montessori por el cierre cautelar de su local educativo en 2018. La resolución judicial considera que la clausura fue desproporcionada en relación con la infracción administrativa impuesta.
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La sentencia revoca así parcialmente el criterio fijado en primera instancia y obliga al Consistorio a devolver también la sanción administrativa de 800 euros, además de asumir costas e intereses derivados del procedimiento.
Esta información se ha conocido a preguntas del concejal de Elkarrekin, Óscar Fernández, al concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, en comision esta mañana.
Un conflicto que comenzó con inspecciones municipales
El origen del caso se remonta a septiembre y octubre de 2018, cuando técnicos municipales realizaron dos inspecciones en un local de la calle Antonio Amat Maiz donde se desarrollaba una actividad educativa vinculada al proyecto Montessori.
Durante las inspecciones, los responsables del centro impidieron el acceso a los técnicos y posteriormente a la Policía Local, alegando la presencia de menores y cuestiones de confidencialidad. El Ayuntamiento abrió entonces un expediente sancionador por obstrucción a la labor inspectora, considerada una infracción leve.
Como medida cautelar, el Consistorio ordenó el cierre temporal del local, que permaneció clausurado entre octubre de 2018 y marzo de 2019.
El tribunal considera desproporcionada la clausura
El caso llegó a los tribunales después de que la asociación recurriera la sanción y reclamara 150.000 euros por daños económicos y de imagen derivados del cierre del centro.
En una primera sentencia, dictada en noviembre de 2022, el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Vitoria avaló en gran parte la actuación municipal y rechazó la indemnización.
Sin embargo, el TSJPV dictó en octubre de 2025 una nueva resolución que cambia el sentido del caso. El tribunal entiende que no era proporcional ordenar el cierre cautelar del local cuando la infracción sancionada era leve.
La sentencia también considera justificado que los responsables del centro se negaran a facilitar determinados datos al alegar confidencialidad del alumnado.
El Ayuntamiento solo asume 3.000 euros
Tras la resolución judicial, el Ayuntamiento ha procedido a cumplir la sentencia. El pago de la indemnización, las costas y los intereses se ha realizado a través del seguro municipal, por lo que el Consistorio solo ha tenido que asumir la franquicia de 3.000 euros.
Además, el Ayuntamiento ha tenido que devolver la sanción administrativa de 800 euros impuesta en su momento.
Desde el departamento municipal se señala que la resolución judicial responde a criterios de interpretación jurídica, ya que el juzgado de primera instancia había respaldado la actuación municipal y fue el tribunal superior quien adoptó un criterio diferente.
El caso Montessori generó polémica en Vitoria
El conflicto forma parte de la polémica que rodeó al proyecto educativo Montessori en Vitoria entre 2017 y 2019.
El centro había intentado implantarse primero en el BAKH (instalaciones del Baskonia) y posteriormente en otro local de la ciudad, pero nunca llegó a obtener la homologación oficial del Gobierno Vasco para impartir Educación Primaria.
Durante esos años se abrieron distintos expedientes administrativos por funcionamiento sin autorización educativa, problemas en las instalaciones y diversas irregularidades administrativas.
Finalmente, el proyecto educativo cerró definitivamente en 2019 tras varios conflictos administrativos y judiciales.
