El Sistema Nacional de Salud refuerza su carácter universal con una nueva norma que garantiza el acceso a la atención sanitaria pública y gratuita para todas las personas que residen en el país, incluidas aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular. El objetivo es asegurar que cualquier persona pueda acceder al sistema desde el primer contacto con los servicios sanitarios.
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La medida elimina buena parte de las trabas burocráticas que durante años han dificultado el acceso efectivo a la sanidad pública. A partir de ahora, las personas que no dispongan de otra cobertura sanitaria podrán acceder al sistema mediante una declaración responsable en la que indiquen que no cuentan con seguro público o privado en otro país ni con un tercero obligado al pago.
Una vez presentada esa declaración, la administración sanitaria deberá entregar un documento provisional que permitirá recibir atención médica de forma inmediata en cualquier punto del territorio. Este acceso incluye no solo urgencias, sino también consultas de atención primaria, programas de prevención, derivaciones a especialistas y el resto de servicios del sistema sanitario.
El real decreto que establece este nuevo marco fue aprobado por el Gobierno el 10 de marzo de 2026 y entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Trámites más simples para acceder al sistema
La norma también flexibiliza la forma de acreditar la residencia en el país. El empadronamiento continúa siendo la vía principal, pero se aceptan otras pruebas documentales como facturas de suministros, certificados escolares o informes de servicios sociales.
Además, se fija un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes. Si la administración no responde en ese tiempo, la petición se considerará aprobada por silencio administrativo.
El derecho a la asistencia sanitaria se mantendrá mientras no se demuestre que la persona dispone de otra cobertura sanitaria que deba asumir esa atención.
Protección reforzada para colectivos vulnerables
El decreto mantiene y refuerza la protección sanitaria para colectivos especialmente vulnerables. Entre ellos se encuentran los menores de edad, las mujeres embarazadas —durante el embarazo, el parto y el posparto—, las víctimas de violencia de género o sexual, las personas afectadas por redes de trata y quienes solicitan protección internacional.
En todos estos casos, la atención sanitaria se garantiza con independencia de la situación administrativa de la persona.
El cierre de una etapa iniciada con los recortes de 2012
La regulación del acceso a la sanidad pública ha experimentado varios cambios en la última década. En 2012, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 16/2012 que restringió el acceso al sistema sanitario a determinadas personas, especialmente inmigrantes en situación irregular, que quedaron limitadas a la atención de urgencias, embarazo y asistencia a menores.
En 2018 se recuperó el principio de universalidad mediante el Real Decreto-ley 7/2018. Sin embargo, su aplicación fue desigual entre comunidades autónomas y mantuvo procedimientos administrativos que en muchos casos dificultaban el acceso real a la atención sanitaria.
El nuevo decreto busca eliminar esas diferencias y garantizar un acceso homogéneo en todo el sistema sanitario público.
Acceso sanitario también para españoles residentes en el extranjero
La norma introduce además cambios para los ciudadanos españoles que viven fuera del país. Tanto ellos como sus familiares podrán acceder a la asistencia sanitaria pública cuando se encuentren temporalmente en territorio nacional.
El objetivo es ampliar la cobertura que hasta ahora estaba más vinculada a pensionistas o trabajadores desplazados.
