El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas en el «caso De Miguel», uno de los mayores casos de corrupción en Euskadi. Tras esta confirmación, partidos políticos como EH Bildu, el Partido Popular, Ezker Anitza-IU y Podemos han emitido declaraciones. EH Bildu ha acusado a la cúpula del PNV de conocer la trama de corrupción y ha criticado el modelo de gobierno y gestión del partido. El Partido Popular ha exigido explicaciones del PNV y ha acusado al partido de «colocar y proteger a corruptos con sueldos públicos».
Ezker Anitza-IU también ha exigido explicaciones del PNV en el Parlamento vasco. Por su parte, Podemos ha criticado a todos los partidos por no ser suficientemente severos con la corrupción, especialmente al PNV. El Gobierno vasco ha expresado su rechazo a los hechos probados en el «caso De Miguel» y ha mostrado respeto a la sentencia del Tribunal Supremo. El PSE ha emitido un comunicado donde ha ratificado su confianza en la Justicia y ha mostrado respeto hacia las decisiones del Supremo. El PSE ha valorado de forma positiva el trabajo de los órganos judiciales y la Ertzaintza durante la investigación e instrucción del caso.
El Lehendakari ha emitido una declaración en la que afirma que ratifica las declaraciones emitidas en el pasado, especialmente en 2010 y 2019, en relación al «caso De Miguel». En 2010, como Presidente del Partido Nacionalista Vasco, el Lehendakari expresó su «reprobación a todo caso de corrupción» y su compromiso «con la transparencia y la ética en la gestión pública y política».
En 2019, como Lehendakari, reiteró su «más absoluto respeto a las decisiones adoptadas por la Justicia» y su compromiso a cumplir con estas decisiones y respetar el curso de los procedimientos judiciales.
Además, el Lehendakari ha expresado su «más firme rechazo» ante los hechos presentes en el «caso De Miguel», ya que son contrarios al ideario y a los valores éticos que defienden.
El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha declarado que el partido «acata el auto judicial y proclama, como lo ha hecho siempre, que cualquier práctica éticamente reprobable, contraria a la vocación de servicio público que debe tener la acción política, está reñida y fuera de la práctica y del ejercicio del Partido Nacionalista Vasco». Ortuzar también ha afirmado que la sentencia final en el «caso De Miguel» demuestra que no ha habido negligencia alguna y que la sentencia «viene a avalar que el caso no afecta al PNV como partido ni a su financiación».
