Vitoria-Gasteiz ha iniciado los trámites para solicitar al Gobierno Vasco la declaración de zona tensionada de viviendas, un paso que permitiría al ayuntamiento limitar los precios de los alquileres. Esta acción se basa en el cumplimiento de los dos criterios establecidos por la Ley de Vivienda 12/2023: un incremento en los precios de la vivienda superior al 17% en comparación con el IPC desde 2017 a 2022, y una carga media de gastos de vivienda que supera el 30% de los ingresos medios de los hogares. Estos criterios fueron considerados por el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para su diagnóstico.
![Museos de Álava](https://gasteizberri.com/wp-content/uploads/2026/03/db8bf204-70d6-4775-a0d0-8ef2bfe32991.jpeg")
En el caso de Álava, solamente Vitoria-Gasteiz y Alegría-Dulantzi emergen como los únicos municipios, de un total de 41 en el País Vasco, que cumplen con los requisitos necesarios para obtener la declaración de zona tensionada. Esta clasificación es crucial para abordar el aumento significativo en los precios de alquileres y hipotecas, que ha alcanzado más del 17% en los últimos cinco años. Además, un número considerable de residentes en estos municipios dedica más del 30% de sus ingresos al pago de alquiler o hipoteca, junto con los gastos asociados.
La solicitud para la declaración de zona tensionada es un proceso complejo que exige la presentación de una memoria detallada con datos y medidas concretas. Además, se incluye una fase de alegaciones, lo que sugiere que la implementación de esta medida podría extenderse por varios meses. Durante este tiempo, se deben establecer estrategias realistas y efectivas para influir en la oferta de vivienda, un esfuerzo que no puede realizarse de manera apresurada. Una vez aprobada la declaración y durante un periodo de tres años, prorrogable, el ayuntamiento estaría en posición de establecer límites a los precios de los alquileres.
En Araba, la situación es particularmente notable en casi todos los distritos de Vitoria-Gasteiz, donde la renta de alquiler media excede el 30% de la renta disponible. Fuera de la capital, Alegría-Dulantzi es el único municipio que enfrenta una situación similar.
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