¿Qué piden los sindicatos en la huelga del 12 de marzo?

Frente a la recaudación récord y superávit presupuestario del Gobierno Vasco, los sindicatos exigen mejoras laborales y acusan al Estado de imponer vetos.

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Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, STEILAS y ESK, representando más del 80% del sector público en Euskadi, han anunciado una jornada de huelga para el próximo 12 de marzo, en demanda de una mejora sustancial de las condiciones laborales y la negociación de los salarios y empleo en el sector público. Esta movilización surge en un contexto de deterioro continuo de las condiciones laborales, con una temporalidad que alcanza el 44% y una pérdida de poder adquisitivo superior al 8% en los últimos dos años.

A pesar de las manifestaciones de diálogo por parte de las instituciones y representantes políticos tras dos meses de la última huelga, los sindicatos aseguran que no se ha avanzado hacia una solución. Contrastan las mejoras salariales en el sector privado, impulsadas por la movilización sindical, con la estancación en el sector público, donde las decisiones dependen en gran medida de las directrices estatales, específicamente de Madrid, y la connivencia local.

El acuerdo de investidura entre el PNV y el PSOE, que teóricamente abría la posibilidad de negociar salarios y empleo a nivel local, no se ha materializado en acciones concretas, critican los sindicatos.

Los sindicatos también denuncian la falta de compromiso político para contrarrestar los vetos impuestos por el gobierno central, especialmente en la víspera del trámite de la Ley de Presupuestos del Estado. Esta postura se mantiene a pesar de las cuantiosas recaudaciones y superávits presupuestarios anunciados por las Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y el Gobierno Vasco.

Entre las exigencias sindicales se incluyen un incremento salarial del 10% para 2024, la estabilización del empleo público reduciendo la temporalidad al 8%, el rechazo a las privatizaciones y la promoción de políticas públicas, la reducción de la carga laboral para garantizar la salud de los trabajadores, la implementación de políticas feministas efectivas, la promoción del uso del euskera en la administración y la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales.


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