El diputado general de Álava, Ramiro González, ha manifestado su profunda preocupación por el futuro de Talgo en Álava, destacando que la prioridad de la Diputación Foral es asegurar la continuidad de la actividad y el empleo en la planta de Rivabellosa. «Talgo es una empresa crucial para Álava, tanto por su historia como por su presente», ha señalado González, quien también destaca la necesidad de que la compañía cuente con los recursos necesarios para gestionar su considerable cartera de pedidos. En esta línea, afirma que «Junto con el Gobierno vasco estamos dispuestos a colaborar en el ámbito de nuestras competencias con esa finalidad.».
Palabras textuales del Diputado General: «seguimos en coordinación con el Gobierno vasco la situación generada a partir de la OPA sobre Talgo. Lo prioritario es garantizar la actividad y el empleo generado por la empresa, fundamentalmente en su planta de Rivabellosa. Talgo es una empresa importante para Álava, tanto por su historia como por su presente. Es necesario que la empresa pueda dotarse de los instrumentos necesarios para abordar la importante cartera de pedidos a la que ha de hacer frente. Junto con el Gobierno vasco estamos dispuestos a colaborar en el ámbito de nuestras competencias con esa finalidad«.
La retirada de la OPA, valorada en 619 millones de euros, fue motivada por la decisión del Consejo de Ministros español, que se basó en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y recomendaciones de la Junta de Inversiones Extranjeras. Estos documentos alertaron sobre posibles vínculos de Ganz-Mavag con el Gobierno ruso y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Uno de los aspectos clave que llevaron al veto fue la protección de la tecnología crítica de Talgo, como su sistema de cambio de vía automático, considerada estratégica para la seguridad nacional, especialmente en el contexto de la guerra en Ucrania.
A pesar del rechazo, el consorcio húngaro no ha descartado presentar una nueva oferta en el futuro, aunque ha anunciado que iniciará acciones legales en España y Bruselas, argumentando que el veto es injusto y favorece a otros potenciales compradores, como la empresa checa Skoda. Desde Ganz-Mavag denuncian que la decisión del Gobierno español es un «atropello legal» y critican un trato discriminatorio frente a otros ofertantes extranjeros.
Por otro lado, los accionistas de Talgo, con Trilantic como principal inversor, han manifestado su interés en explorar nuevas propuestas que aseguren la estabilidad y continuidad de la empresa. Los empleados de Talgo, especialmente los de la planta de Rivabellosa, también han mostrado su preocupación por el futuro, temiendo que la falta de un plan industrial sólido pueda afectar negativamente a su estabilidad laboral, a pesar de contar con carga de trabajo asegurada hasta 2030.
La Comisión Europea ha respaldado la decisión del Gobierno español, recordando que los Estados miembros tienen la autoridad para restringir la libre circulación de capitales por razones de seguridad pública, siempre que estas medidas sean justificadas y proporcionales.
