La plataforma Zaintza Araba ha alzado la voz contra las condiciones que están sufriendo los residentes en la residencia Arabarren, ubicada en Vitoria-Gasteiz. Según su versión, los residentes soportan situaciones de maltrato, errores en la medicación, condiciones inadecuadas y una gestión que prioriza el beneficio económico sobre la calidad asistencial. Además, acusan al Grupo Mondragón, empresa gestora del centro, de recortar recursos y personal, lo que ha empeorado significativamente la atención.
Condiciones preocupantes y falta de personal
Entre las principales denuncias de Zaintza Araba, destacan la presencia de hematomas y heridas en los residentes, de origen desconocido, así como comentarios despectivos y un ambiente irrespetuoso por parte del personal. También mencionan graves errores en la administración de medicamentos y la desaparición de pertenencias. Aunque el centro cumple con los ratios legales de personal, Zaintza Araba asegura que no son suficientes para garantizar una atención adecuada. Además, la plantilla se ha reducido recientemente, dejando a menos auxiliares para atender a 25 residentes, lo que genera preocupación entre familiares y allegados.
Crítica a la gestión privada
Zaintza Araba también ha señalado que, aunque Arabarren es un centro público, su gestión está en manos del Grupo Mondragón, y critican que la búsqueda de beneficios económicos está por encima del bienestar de los residentes. Afirman que el cambio de pañales y la entrega de alimentos básicos, como yogures, han sido reducidos para recortar gastos. Esta situación es vista como un maltrato encubierto, y señalan que la Diputación de Álava, en manos del diputado de Política Social Gorka Urtaran, está al tanto de estos hechos.
Sanción económica en la residencia San Roque
Por otro lado, Zaintza Araba también denuncia una propuesta de sanción económica a un residente de la residencia pública San Roque en Laudio. Este residente, quien padece múltiples patologías y presenta deterioro cognitivo, habría sido multado con más de 800 euros por su comportamiento, que según la organización, está relacionado con la falta de medicación adecuada. Zaintza Araba critica esta medida, argumentando que sancionar económicamente a un enfermo no solucionará su condición y añade una carga adicional a la familia del residente.
Negocio y rédito político
Finalmente, Zaintza Araba señala que la gestión de las residencias públicas con gestión privada solo busca generar beneficios económicos y políticos. Acusan a las instituciones de desatender los derechos de los residentes y sus familias, enfocándose únicamente en los números. Según la organización, esta situación ya fue denunciada durante la pandemia, y aunque se prometieron cambios, las condiciones actuales en las residencias no han mejorado, sino que parecen empeorar con el tiempo.
Sólo la cadena ser menciona que IMQ está detrás de la gestión de Areabarren.
Sois unos vendidos todos los medios (ya se que no se va a publicar)