Diez meses de impagos, robos en cadena y un bloqueo contable abocan a los 53 trabajadores de SARO a un ERE de extinción que cerrará para siempre las puertas de la histórica planta de Ali-Gobeo.
«Todo apunta a un ERE de extinción y a la liquidación de la empresa, con el despido de los 53 trabajadores que aún seguimos en plantilla… No hemos cobrado absolutamente nada desde hace diez meses».
Andrés, miembro del comité de empresa
Un periodo de consultas que huele a punto final
El pasado 11 de abril se abrió el periodo legal de consultas entre el administrador concursal de SARO, la dirección de la empresa y la representación sindical. La primera reunión terminó sin acuerdo y la segunda, celebrada el 16 de abril, confirmó lo peor: la compañía se encamina hacia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción que liquidará la empresa y dejará en la calle a los 53 trabajadores que aún permanecen en nómina.
Una tercera reunión se ha fijado para el 30 de abril, en plena semana de San Prudencio, y la plantilla no descarta que haya más encuentros antes del 11 de mayo, fecha límite del periodo de negociación.
Para saber más:
Salarios impagados y contabilidad fantasma
La plantilla acumula diez meses sin cobrar, ni siquiera los 30 días “contra la masa” que deberían abonarse tras la declaración de concurso. El administrador concursal —denuncian los trabajadores— no ha podido acceder a la contabilidad real de la empresa, plagada de datos erróneos que obligan a rehacer los balances y retrasan cualquier decisión sobre las indemnizaciones.
«Todo se ha ido retrasando porque el administrador no tenía facilidades para acceder a la contabilidad y se presentaron datos erróneos», explica Andrés.
Robos en cadena en la planta abandonada
El abandono de las instalaciones ha sido un imán para los ladrones. Sin suministro eléctrico ni vigilancia, la planta de Ali‑Gobeo ha sufrido al menos tres asaltos en los que los intrusos han arrancado cableado de cobre, se han llevado chapas de aluminio, barras metálicas y hasta una furgoneta, posteriormente localizada en una calle paralela.
La Ertzaintza ha tenido que intervenir “con la pistola en la mano”, relata la plantilla, pero el daño ya está hecho: cuadros eléctricos destrozados y un desbarajuste que deprecia aún más el valor de liquidación de la nave.
De las promesas al Fogasa
Fogasa solo cubre 120 días de salario (cuatro meses) y, para las indemnizaciones, 20 días por año trabajado con un tope de un año (365 días). El máximo se alcanza con 18 años de antigüedad, de modo que:
- Trabajadores a los que se les deben diez nóminas perderán seis sueldos íntegros.
- Quienes, como Andrés, tenían siete pendientes perderán tres.
Mientras el administrador concursal no extienda el certificado de despido, los afectados ni siquiera pueden solicitar la prestación por desempleo.
El comité acudirá a la reunión del 30 de abril con la exigencia de que la empresa adelante parte de las cantidades adeudadas. Por ahora, subrayan, «la dirección no ofrece absolutamente nada» y todo apunta a que Fogasa será la única vía de cobro.
Próximas fechas clave
- 30 de abril – Tercera reunión del periodo de consultas.
- 11 de mayo – Fin del periodo de negociación: el ERE podría oficializarse si no hay acuerdo.
- Pendiente – Informe definitivo de deudas y lista de acreedores.
Un epílogo escrito con cerrojos
El cierre definitivo de SARO se producirá —salvo milagro— con la nave industrial ya desvalijada. Mientras tanto, 53 familias esperan la indemnización que les permita empezar de cero tras dos años de promesas incumplidas.
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