El Gobierno ha autorizado este martes la incorporación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al accionariado de Talgo, un movimiento estratégico que busca garantizar la estabilidad económica del fabricante de trenes. La operación coincide con un momento clave: Talgo necesita renegociar una deuda de más de 400 millones de euros y asegurar su desarrollo a largo plazo.
Doble respaldo institucional y financiero
La inversión pública se concretará mediante dos mecanismos. Por un lado, la SEPI adquirirá un 7,87% de Talgo a través de una ampliación de capital, con una aportación de 45 millones de euros. Por otro, destinará 30 millones a la suscripción de obligaciones convertibles en acciones. En total, la inversión asciende a 75 millones de euros.
A este esfuerzo se suma el consorcio vasco liderado por Sidenor, que inyectará la misma cantidad: otros 75 millones. Juntos movilizan 150 millones de euros para facilitar la refinanciación de la empresa.
La banca aprueba un nuevo esquema financiero
La entrada de ambos socios ha permitido acordar con los bancos una nueva estructura de deuda. El acuerdo incluye un tramo de financiación de 650 millones con vencimiento a seis años, así como una línea de crédito de 120 millones disponible durante tres años y prorrogable dos más. Además, las entidades financieras han aprobado una nueva línea de avales de 500 millones.
Estos cambios suponen un respiro importante para Talgo, cuya situación económica requería una intervención urgente. El respaldo institucional ha sido determinante para desbloquear la negociación con los acreedores.
El consorcio vasco toma posiciones
La operación también implica un cambio en el equilibrio accionarial. El consorcio vasco Clerbil —integrado por Sidenor, el Gobierno Vasco, la Fundación BBK y la Fundación Vital— adquirirá el 29,76% de Talgo actualmente en manos del fondo Trilantic, por 155 millones de euros.
El fondo Ekarpen, formado por el Gobierno Vasco, Kutxabank, las tres diputaciones forales y la Corporación Mondragón, asumirá el 66,7% del capital que aporta el consorcio. El resto lo completan BBK (13,3%) y Vital (6,7%).
Apoyo institucional desde Euskadi
El consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha asegurado que “este refuerzo de los fondos propios constituye un paso imprescindible para lograr la financiación necesaria que permita reforzar y expandir la capacidad industrial de la empresa”.
Jauregi ha destacado la “disposición del consorcio vasco a emitir obligaciones convertibles por valor de 75 millones”, en paralelo con la SEPI. También ha subrayado que la operación “da pasos firmes y decisivos para el arraigo y futuro desarrollo de Talgo, y para garantizar los miles de puestos de trabajo directos e indirectos que genera esta empresa”.
Próximos pasos: junta de accionistas y traslado de sede
La reconfiguración del accionariado requiere aún la aprobación en junta extraordinaria de accionistas. Aunque el 1 de agosto se celebrará la junta ordinaria, la empresa deberá convocar una sesión específica para ratificar estos cambios. En esa reunión también se revisarán las cuentas correspondientes al ejercicio 2024.
Talgo tiene previsto trasladar su sede de Madrid a Álava como parte del proceso de arraigo industrial.
Una operación sujeta a condiciones
La inversión de la SEPI está condicionada a varios requisitos, entre ellos:
- Que el consorcio vasco adquiera el paquete accionarial de Trilantic, valorado en 155 millones.
- Que Ekarpen y sus socios suscriban las obligaciones convertibles en acciones por el mismo importe que la SEPI.
- Que las entidades bancarias aprueben el nuevo esquema financiero, incluido el plan de avales.
En su comunicación a la CNMV, la SEPI ha definido a Talgo como “un factor clave para la movilidad ferroviaria en España”, y ha valorado sus “tecnologías y capacidades industriales”. También ha señalado que esta intervención permitirá destinar recursos a la ejecución de su actual cartera de pedidos, valorada en 6.000 millones de euros.
