EH Bildu ha mostrado su disposición a sentarse a negociar con el Gobierno municipal (PSE-PNV) las ordenanzas fiscales de 2026. Así lo ha confirmado su portavoz, Rocio Vitero, quien ha asegurado que este nuevo ciclo es una oportunidad para “profundizar en las medidas económicas y fiscales acordadas en 2025, analizando y ajustando los resultados obtenidos y aportando mejoras y algunas propuestas nuevas”.
Vitero ha destacado que su grupo quiere seguir avanzando “en un modelo fiscal basado en la justicia y la progresividad”, con el objetivo de contar con “una administración fuerte y solvente capaz de garantizar servicios públicos de calidad”. Para ello, ha insistido: “tendemos la mano al diálogo y a la negociación”.
Valoración positiva del acuerdo de 2025
La portavoz ha recordado los cambios introducidos en las anteriores ordenanzas gracias al acuerdo alcanzado con el equipo de gobierno. Entre ellos, ha mencionado la creación de un tramo cero en el IBI y la adaptación de las bonificaciones al Salario Mínimo Interprofesional. “Con estas dos medidas hemos destinado más de 2,5 millones de euros a estas deducciones con las que hemos logrado llegar a más de 21.000 familias”, ha detallado.
Otro de los puntos clave ha sido el recargo del 50% a las viviendas vacías. Según Vitero, esta medida “busca movilizar la vivienda vacía para sacarla al mercado, bien sea en alquiler o en compra, pero con el objeto de que se destine a cumplir su función social”.
En el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), Vitero ha destacado que “las grandes empresas que facturan más de un millón de euros anuales han tenido que aumentar su aportación”, lo que ha supuesto 700.000 euros adicionales para las arcas municipales.
La tasa de residuos, eje del debate
Uno de los aspectos más controvertidos del anterior acuerdo fue la nueva tasa de residuos. “En EH Bildu, no solo cumplimos con el imperativo legal, sino que lo hicimos aportando justicia y progresividad”, ha afirmado Vitero. Según sus datos, se introdujeron deducciones por valor de 560.000 euros, beneficiando a al menos 28.000 hogares.
Presentación del proyecto de 2026
En los últimos días, la alcaldesa Maider Etxebarria ha comenzado a presentar a los grupos de la oposición el borrador de las ordenanzas fiscales para 2026. El documento contempla una subida del 2,7% en impuestos, tasas y precios públicos, una décima por debajo del IPC acumulado en Euskadi hasta agosto.
La propuesta afecta al IBI, la tasa de residuos y todos los precios públicos (como los parkings de Tuvisa, el bono de piscinas o las escuelas infantiles). Para ser aprobada, el gobierno municipal en minoría (PSE-PNV) necesita el respaldo de al menos uno de los tres grupos de la oposición.
Aunque desde el gobierno aseguran estar abiertos al diálogo con todos, la alianza con EH Bildu en los presupuestos anteriores y en las ordenanzas del llamado “basurazo” posiciona a la coalición abertzale como socio preferente.
Reacciones de Elkarrekin y PP
Elkarrekin fue el primero en reunirse con el Gobierno. Tras el encuentro, trasladó su decepción: “Más allá de la subida generalizada del 2,7%, no vemos cambios sustanciales en la propuesta de ordenanzas fiscales para el 2026”, señalaron. Desde la coalición insisten en que “se puede introducir modificaciones para que el desembolso que realizan vecinos y vecinas resulte más equitativo” y recuerdan que “el pasado año no demostró apenas voluntad de negociación con Elkarrekin”.
El PP también mantuvo una reunión la semana pasada y criticó duramente el planteamiento del gobierno. “Quiero recordar que este 2025 la alcaldesa nos ha subido todos los impuestos a los vitorianos, además del Basurazo que vamos a tener que pagar el próximo 30 de septiembre y que nos va a afectar de lleno a las familias”, dijo su portavoz. Desde el grupo popular aseguran que “los vitorianos están soportando este año una fuerte subida de impuestos, reduciendo su capacidad de gasto y ahorro”, y denuncian “peor limpieza, peor mantenimiento de la ciudad y mayor inseguridad”.
Nuevas bonificaciones propuestas
Entre las novedades previstas para 2026, el gobierno plantea bonificaciones en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) dirigidas a empresas que creen empleo, negocios afectados por inundaciones o incendios, y nuevas viviendas de alquiler social, que podrían beneficiarse de una bonificación del 95%.
Además, se revisará el recargo del 50% en el IBI a viviendas vacías, una medida impulsada previamente por EH Bildu. El ejecutivo municipal quiere ahora cotejar el padrón con datos de consumo de agua y luz para confirmar si realmente están vacías, “y así ser más garantistas en el cobro del recargo”.
