La vuelta a la actividad política en las Juntas Generales de Álava ha arrancado con una sesión de control marcada por el conflicto palestino-israelí. En el centro del debate ha estado la presencia de equipos israelíes como el Maccabi y el Hapoel en la Euroliga, que próximamente jugarán contra el Baskonia en el Buesa Arena.
Durante su intervención, el diputado general Ramiro González ha sido tajante: “La Diputación alavesa no tiene capacidad ni legal ni real para impedir que los equipos de Israel jueguen en el Buesa Arena. No podemos cerrar con llave el pabellón”.
Defensa del boicot como medida de presión
Aunque ha dejado claro que no puede tomar medidas legales para impedir estos encuentros, González sí ha mostrado su apoyo a un boicot internacional contra el Gobierno de Israel. “Esto no es un boicot al pueblo judío”, ha subrayado. A su juicio, “quien está cometiendo el genocidio es un Gobierno y es un Estado, y es ese Gobierno y ese Estado a quien hay que declarar un boicot claro en todos los órdenes internacionales como medida de presión”.
Ha recordado que, aunque la Diputación es la propietaria del pabellón, “el uso está cedido al Baskonia” y que por tanto no tiene “ninguna posibilidad legal, absolutamente ninguna posibilidad legal” de impedir su utilización. “No podemos impedir la celebración de ningún partido, ni de ese ni de ningún otro partido”, ha insistido.
Críticas desde Elkarrekin y Bildu
Elkarrekin Araba ha respondido con dureza al diputado general, pidiéndole que actúe con responsabilidad ante lo que consideran un escenario previsible de protestas. David Rodríguez ha sido directo: “El próximo 7 de abril, si usted no lo evita y si la Euroliga no lo evita, estos equipos estarán aquí. Ya sabe usted lo que va a pasar en las calles de Gasteiz. Yo creo que ese no es responsable”.
Desde EH Bildu, Eva López de Arroiabe ha animado a la Diputación a “pasar de la teoría a la práctica” y ha pedido al Gobierno foral que exija “garantías de que no se van a establecer acuerdos ni contratos de cooperación con empresas israelíes y con intereses en Israel”.
Imposibilidad legal de vetar empresas
A esa propuesta ha respondido de nuevo Ramiro González, dejando claro que la Diputación “motu proprio no puede excluir a determinadas empresas de la contratación pública porque se estaría incumpliendo la ley de contratos públicos del Estado”, una normativa que, según ha indicado, se debería modificar para poder actuar en esa línea.
