El preacuerdo alcanzado este jueves entre el sindicato ELA y la patronal de residencias privadas y viviendas comunitarias de Araba pone fin a uno de los conflictos laborales más prolongados del territorio. Más de 1.100 trabajadoras del sector han protagonizado durante seis años una lucha incansable que ha incluido cerca de 60 jornadas de huelga para conseguir lo que sus compañeras de Bizkaia y Gipuzkoa ya tenían: un convenio provincial propio.
Un sector marcado por la precariedad
El origen del conflicto se remonta a 2019, cuando las trabajadoras del sector comenzaron a organizarse para denunciar unas condiciones laborales que consideraban inasumibles. Mientras las residencias privadas de los otros dos territorios vascos contaban con convenios colectivos que regulaban salarios y jornadas, las alavesas se regían por el convenio estatal, que las mantenía en una situación de clara desventaja.
Los salarios rondaban los 1.000 euros mensuales, apenas por encima del Salario Mínimo Interprofesional. La jornada anual alcanzaba las 1.772 horas, y la parcialidad abusiva era la norma: muchas trabajadoras tenían contratos de entre el 45% y el 70% de la jornada, lo que les impedía llegar a fin de mes y dificultaba cualquier medida de conciliación.
A esto se sumaban ratios de cuidadoras por residente que los sindicatos denunciaban como excesivos, afectando tanto a las condiciones de trabajo como a la calidad de la atención prestada a las personas mayores.
Una escalada de movilizaciones
Las primeras huelgas comenzaron hace años, pero fue a partir de 2024 cuando el conflicto se intensificó notablemente. En mayo de aquel año, tras más de un año sin contactos efectivos con la patronal, ELA y LAB retomaron las movilizaciones con renovada fuerza.
Desde entonces, las jornadas de huelga se han sucedido con regularidad. Junio de 2024, otoño de ese mismo año, y prácticamente todos los meses de 2025 han visto paros en el sector. Las trabajadoras se han concentrado frente a la Diputación Foral, han recorrido las calles de Gasteiz y han mantenido la presión pese al desgaste que supone un conflicto tan prolongado.
La patronal, integrada por asociaciones como GESCA Euskadi, LARES y ACRA/AEZE, fue acusada por los sindicatos de mantener una estrategia de bloqueo, presentando propuestas que apenas modificaban las condiciones existentes.
El papel de las instituciones
La Diputación Foral de Araba, gobernada por PNV y PSE, se convirtió en otro de los focos de crítica sindical. Aunque la institución presupuestó 6 millones de euros para facilitar el acuerdo —cifra que aumentó a 9 millones en la propuesta para 2026—, los sindicatos denunciaron que no activaba los mecanismos necesarios para impulsar la negociación.
La entrada en escena de los grupos de la oposición resultó determinante en las últimas semanas. EH Bildu había conseguido en diciembre de 2024 incluir partidas específicas en el acuerdo presupuestario para la firma del convenio. Por su parte, Elkarrekin Podemos IU presentó una enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2026 condicionada precisamente al desbloqueo del conflicto.
Esta presión política, combinada con la convocatoria de nuevas jornadas de huelga para el 10 y 11 de diciembre, terminó por desatascar una negociación que parecía enquistada.
Un acuerdo histórico, pero insuficiente según los sindicatos
El preacuerdo contempla subidas salariales del 32,5% a lo largo de cuatro años, lo que llevará el salario mensual hasta los 1.500 euros en 2028. La jornada anual se reducirá en 100 horas, pasando de las 1.772 actuales a unas 1.672, más cercanas a los estándares de los otros territorios.
Sin embargo, ELA ha advertido de que este acuerdo, siendo un avance importante, no resuelve el problema de fondo: un modelo de gestión privatizado donde, según el sindicato, la rentabilidad económica prima sobre los cuidados. La organización sindical ha anunciado que seguirá luchando por la «publificación» del sector.
Lo que nadie discute es que las cerca de 60 jornadas de huelga acumuladas y la tenacidad de más de un millar de trabajadoras han logrado algo que parecía imposible hace apenas unas semanas: sentar a la patronal a negociar en serio y conseguir el primer convenio provincial de residencias privadas de Araba.
