Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz han rechazado el proyecto presupuestario de 2026, aprobado este lunes en comisión con el respaldo de EH Bildu. Elkarrekin y Partido Popular han coincidido en criticar que las cuentas no responden a las prioridades sociales de la ciudad y han acusado al equipo de gobierno de dejar sin respuesta problemas estructurales como la vivienda, la seguridad o la situación de los barrios.
Durante el debate, ambas formaciones han esgrimido argumentos distintos pero complementarios: el espacio municipalista ha centrado su crítica en la emergencia habitacional y la negativa del gobierno a aplicar el canon a las viviendas vacías, mientras que los populares han denunciado una falta de eficacia en la gestión, una presión fiscal excesiva y un aumento de la inseguridad.
Elkarrekin acusa al gobierno de bloquear una medida clave para el alquiler asequible
“El canon de vivienda vacía es la herramienta más útil para reactivar el alquiler asequible y la más garantista para las personas propietarias, pero este gobierno no quiere aplicarlo”, ha denunciado Garbiñe Ruiz. La portavoz de Elkarrekin ha reprochado al Ejecutivo local que rechazara su propuesta de activar este instrumento legal pese al contexto actual, con “más de 14.500 solicitudes activas de alquiler frente a un parque público de apenas 4.000 viviendas”.
Según ha explicado, su grupo condicionó el apoyo al presupuesto a la inclusión de tres medidas prioritarias, con especial foco en vivienda, pero el equipo de gobierno no aceptó ninguna. “No se nos ofreció una alternativa. Solo recibimos un no”, ha señalado. Ruiz ha criticado que el Ejecutivo optara por proponer “un estudio sin compromiso, sin calendario y sin impacto real”, en lugar de comprometerse con una aplicación efectiva del canon.
La concejala también ha cargado contra la decisión municipal de seguir adelante con la venta de las viviendas rehabilitadas en Cubo 10 y Florida 28, en lugar de destinarlas al alquiler social. “Esas viviendas se van a vender a un gran tenedor, no a quienes necesitan una vivienda asequible. No vemos ni un solo paso en la dirección correcta”, ha declarado.
En su intervención ha lamentado que las cifras de VPO en Euskadi sean las más bajas desde 2017 y que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz “siga fiando todo a la vivienda de nueva construcción, cuando no llega a tiempo ni a quienes más lo necesitan”.
“Este presupuesto no transforma, no innova y no responde a las urgencias reales. Solo mantiene el rumbo de siempre”, ha resumido Ruiz, que ha acusado al gobierno de “alinearse con los intereses de quienes bloquean el acceso a la vivienda” y de excluirse de la solución: “Con esta actitud, el gobierno no es parte de la solución, es parte del problema”.
El PP denuncia un deterioro de los servicios, el comercio y la seguridad
Desde el Partido Popular, Iñaki García Calvo ha centrado su intervención en lo que ha descrito como “el fracaso de las políticas de izquierda” en materia de seguridad y vivienda. “Vitoria ha dado pasos atrás. La ciudad sufre 62 delitos al día, con 67 delincuentes multirreincidentes que han cometido 156 delitos”, ha advertido.
El portavoz del PP ha lamentado que el presupuesto aprobado con el apoyo de EH Bildu “exprime a los ciudadanos a impuestos para ofrecer servicios deficientes, barrios más sucios y una ciudad más insegura”. En su discurso ha cuestionado la falta de presencia policial en las calles y ha reclamado “más medios, más patrullas, más cámaras y más protección jurídica para los propietarios que quieren alquilar”.
En relación con la vivienda, García Calvo ha asegurado que “las listas de espera en Etxebide han subido un 63 % en dos años”, mientras el parque construido no se ha ampliado al mismo ritmo. “Si en una década solo han construido poco más de 2.000 viviendas, ¿cómo van a solucionar ahora el problema con otras 3.000 que ni siquiera tienen fecha?”, ha planteado.
Ha criticado además que el Ayuntamiento y sus socios de gobierno “revendan cada año el mismo convenio de viviendas” y confíen en la declaración de zona tensionada como “la gran solución”, cuando, a su juicio, “está provocando el efecto contrario: subida de precios, menor oferta y más dificultades para jóvenes y rentas bajas”.
García Calvo también ha cargado contra la dependencia del PNV del Partido Socialista en Madrid y ha acusado a ambos de no impulsar la reforma del Código Penal para endurecer las penas por multirreincidencia. “El problema está identificado, pero ustedes no lo quieren abordar. No lo priorizan en sus pactos”, ha afirmado.
“Este presupuesto no es bueno para Vitoria. No responde a los verdaderos problemas de la ciudad y consolida un modelo que no funciona”, ha concluido el portavoz popular, que ha reivindicado una alternativa “centrada en seguridad y vivienda, capaz de retener talento y garantizar calidad de vida”.
El gobierno defiende un presupuesto “responsable, ambicioso y alineado con las prioridades de ciudad”
El concejal de Hacienda, Jon Armentia (PSE-EE), ha defendido que el presupuesto aprobado es “el más elevado de la historia de Vitoria-Gasteiz” y que permitirá “atender las necesidades colectivas con estabilidad, inversión y visión de futuro”. En su intervención ha cifrado en 605,9 millones de euros el volumen consolidado del presupuesto general, con un crecimiento del 4,63 % respecto al ejercicio anterior.
Armentia ha subrayado que el acuerdo alcanzado con EH Bildu es fruto de una negociación “con la mano tendida, sin imposiciones”, y ha reivindicado que el proyecto “cumple con la palabra dada” y recoge “el programa de gobierno estructurado en seis ejes y 100 compromisos”. En materia social, ha destacado partidas como los 26 millones para ayuda a domicilio, los más de 9 millones en empleo y los 66 millones en políticas sociales, “15 más que al inicio de legislatura”.
En respuesta a las críticas, ha rechazado que el Ayuntamiento no actúe ante la crisis habitacional: “Tenemos firmado un convenio con el Gobierno Vasco para construir 3.000 viviendas, hemos declarado zona tensionada, aplicamos el recargo por vivienda vacía y rehabilitamos pisos para destino social”. Respecto a Cubo 10, ha recordado que se trata de “muy pocas viviendas” y que Florida 28 está judicializada, por lo que “no se puede entrar”.
“Este acuerdo no perjudica a Vitoria. Este acuerdo estabiliza, impulsa y relanza”, ha afirmado Armentia, acusando a la oposición de “querer soluciones sin conocer la realidad administrativa ni técnica del presupuesto”.
EH Bildu destaca que “cada vez que estamos en un acuerdo, gana la ciudadanía”
Desde EH Bildu, Rocío Vitero ha presentado el acuerdo presupuestario como una herramienta para avanzar “en justicia social, cohesión territorial y transición ecosocial”, en línea con las prioridades de la formación. Ha recordado que el pacto con el gobierno supone una inversión de 8,25 millones de euros en medidas concretas, muchas de ellas orientadas a vivienda, empleo, protección social y economía local.
Entre los compromisos alcanzados, Vitero ha citado la vivienda comunitaria en Salburua (con posible ampliación en Zabalgana), un aparcamiento en Ariznabarra, nuevos baños públicos, actividades extraescolares en centros vulnerables, ayudas para comunidades energéticas y la ciudad del rugby en Gamarra. También ha subrayado que se realizarán estudios técnicos sobre vivienda vacía y urbanismo en Larrein, con participación del CEA.
“No estamos aquí para apuntalar lo mismo de siempre, sino para cambiar el rumbo de las políticas municipales y responder a las demandas reales de la gente”, ha afirmado Vitero. “Negociamos con discreción y trabajo. Frente al ruido, acuerdos útiles”.
La portavoz abertzale ha reivindicado además que muchas de las propuestas incorporadas en el presupuesto de 2026 son continuidad del acuerdo de 2025, como el recurso para personas sin hogar, el impulso al comercio local o las líneas de apoyo a la descarbonización industrial. “Este es un presupuesto con nuestra impronta, pero sobre todo es un presupuesto que mejora la vida de las personas”, ha concluido.
El PNV defiende que el pacto refuerza el modelo sin alterarlo
La portavoz del PNV y teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, ha destacado que las aportaciones de EH Bildu “complementan y apuntalan” el modelo defendido por el equipo de gobierno, sin alterar su orientación ni sus prioridades. Según ha detallado, las enmiendas pactadas representan 3,5 millones de euros, con créditos de compromiso que suman otros 4,6 millones, todo ello “integrado en una hoja de ruta ya definida desde el inicio del mandato”.
Artolazabal ha defendido que el presupuesto responde a “una manera reconocible de hacer política, basada en el diálogo, la claridad y la responsabilidad”. Ha reiterado que las cuentas refuerzan la seguridad, con un incremento del 39 % en el área y la incorporación de 73 nuevos agentes, además de inversiones en movilidad, cultura y barrios.
Sobre el rechazo del canon de vivienda deshabitada, ha matizado que el gobierno sí ofreció a Elkarrekin “una propuesta razonable para estudiar su aplicación”, pero que se encontró con un planteamiento “de todo o nada”. En ese sentido, ha lamentado que “hubo contactos, pero no hubo voluntad real de acuerdo por parte de Elkarrekin”.
“Estamos ante dos formas de hacer política: la del bloqueo o la de la responsabilidad. Nosotros elegimos avanzar”, ha declarado Artolazabal, quien ha cerrado su intervención apelando al resto de grupos a trabajar “con espíritu constructivo” en lo que queda de legislatura.
