El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha reconocido esta mañana que la apertura del futuro Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) para personas solicitantes de protección internacional en Arana tendrá un impacto real sobre los servicios municipales. Lo ha dicho durante su intervención en la Comisión de Políticas Sociales celebrada hoy lunes en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en respuesta a las preguntas del Partido Popular, que ha criticado la falta de coordinación institucional y el tamaño del centro proyectado.
La sesión ha servido también para repasar otros asuntos relevantes como el futuro del Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS), la gestión del contrato de ayuda a domicilio y el estado del traslado del LAR de San Prudencio, necesario para avanzar en el nuevo centro de salud de Aldabe.
Alcance del Capi
Durante su intervención, la concejala del PP Marta Alaña ha vuelto a cuestionar el modelo de centro planteado por el Gobierno central. Ha señalado que el de Arana, con 350 plazas previstas, será el mayor del Estado, mientras que el resto de dispositivos ya en marcha no superan las 150. Aunque se ha anunciado que el centro abrirá inicialmente con 200 plazas, Alaña ha advertido de que “cada año podrían salir entre 400 y 700 personas que acabarán llamando a la puerta de los servicios sociales municipales”.
En este sentido, ha insistido en que Vitoria-Gasteiz ya tiene una red de recursos tensionada, con más de 17.600 personas en lista de espera para acceder a una vivienda y servicios de inclusión prácticamente saturados. También ha criticado que, a pocos meses de su posible apertura, no haya habido reuniones de coordinación entre el Ayuntamiento y el Estado o el Gobierno Vasco.
Royero ha reconocido que esa coordinación “aún no se ha producido”, pero ha defendido que se trabaja desde un modelo vasco de acogida basado en la cooperación con el tercer sector. También ha subrayado que la experiencia con la atención a personas llegadas desde Malí en 2025 sirvió para activar dispositivos de respuesta con diferentes áreas municipales y entidades sociales.
El SMUS seguirá gestionado por el Ayuntamiento, aunque su financiación sigue sin resolverse
El portavoz de EH Bildu, Alberto Porras, ha cuestionado la falta de avances en la titularidad del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, cuya competencia es foral, según el decreto de cartera. En el borrador del segundo Mapa de Servicios Sociales de Álava (2024–2030), se plantea además que el SMUS pase a ser un servicio transversal dentro del sistema.
Porras ha preguntado si esa propuesta proviene del Ayuntamiento o de la Diputación, y ha solicitado conocer su impacto sobre el personal, el contrato actual y los ratios de atención. Royero ha respondido que no hay cambios previstos a corto plazo, y que el servicio se seguirá prestando con normalidad bajo el convenio firmado entre Ayuntamiento y Diputación, que establece una financiación compartida al 50% hasta 2027.
El contrato de ayuda a domicilio cierra 2025 con 1,5 millones más de lo previsto
También se ha analizado la gestión del contrato de ayuda a domicilio, que en 2025 tuvo un coste final de 24,59 millones de euros, frente a los 23,1 millones presupuestados. Rocío Vitero (EH Bildu) ha advertido de que más de un millón de euros se abonaron mediante facturas extrajudiciales, lo que limita los mecanismos de control y seguimiento de la prestación.
Además, ha relacionado este sobrecoste con el envío de 1.143 cartas a personas usuarias para revisar si cumplen los requisitos del servicio. Royero ha asegurado que no hay relación entre ambos hechos, que no quedan facturas pendientes y que el incremento presupuestario fue cubierto por Hacienda. También ha subrayado que el servicio se ha prestado con normalidad y sin incidencias.
Sin fecha para el traslado del LAR, pendiente de la financiación con Osakidetza
Desde Elkarrekin, Garbiñe Ruiz ha pedido explicaciones sobre la anulación, el pasado viernes en Junta de Gobierno Local, de una adenda al convenio con Osakidetza que garantizaba una aportación de 3,3 millones de euros para financiar el traslado del LAR de San Prudencio. Este movimiento es clave para liberar espacio en el edificio del antiguo hospicio y poner en marcha el nuevo centro de salud de Aldabe.
Royero ha confirmado que la redacción del proyecto técnico está licitada, con plazo abierto hasta el 9 de febrero, y que las obras se ejecutarán entre 2026 y 2027. Sin embargo, ha derivado la responsabilidad a Hacienda, asegurando que la decisión tiene que ver con “garantías jurídicas” y que no hay riesgo sobre la viabilidad del proyecto. Ruiz ha criticado esta falta de concreción y ha anunciado que registrarán nuevas preguntas para esclarecer por qué se ha suprimido esa financiación.
