El debate celebrado este lunes en la Comisión de Políticas Sociales ha evidenciado el desgaste progresivo del sistema municipal de atención social en Vitoria-Gasteiz. La presión sobre el centro diurno Estrada, el aumento del padrón social sin domicilio y las diferencias entre barrios en los tiempos de espera para obtener cita han centrado una sesión marcada por las advertencias de la oposición y la defensa técnica del modelo actual por parte del Gobierno.
EH Bildu denuncia que Estrada ha dejado de cumplir su función original
El concejal de EH Bildu, Alberto Porras, ha denunciado que el centro de atención diurna Estrada ya no puede garantizar su función de acogida inmediata a personas sin hogar o en condiciones de extrema vulnerabilidad. Ha asegurado que “el Estrada no da para atender” y ha reprochado al Gobierno que se haya abandonado el modelo de acceso libre que caracterizaba al recurso.
Porras ha lamentado que ahora sea necesaria una derivación previa desde los servicios sociales, lo que limita el acceso directo para quienes más lo necesitan. Ha advertido que, con este modelo, “el espíritu, el objetivo principal para lo que se creó el Estrada, con esta gestión no es posible”, y ha preguntado si el departamento contempla habilitar nuevos espacios o reforzar el servicio.
El concejal ha puesto el foco en los tiempos de espera para utilizar los servicios internos del centro, especialmente las lavadoras y duchas. Según los datos aportados en la comisión, la media diaria de personas atendidas en enero fue de 105, aunque el aforo simultáneo es de 70. El espacio de descanso solo permite la presencia de 45 personas. Las duchas acumulan esperas de dos a tres días, las lavadoras de un mes, y los talleres y consignas, de mes y medio.
En su respuesta, el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha confirmado que “el servicio de atención diurna Estrada mantiene en la actualidad un nivel de ocupación acorde con la demanda existente en nuestra ciudad”. Ha asegurado que “la ocupación se sitúa de forma estable en torno a su capacidad” y que la introducción de la derivación previa tiene como objetivo “garantizar la calidad de la acogida y adecuar los recursos a las necesidades”.
Royero ha descartado que exista una lista de espera formal para acceder al recurso, aunque ha reconocido que algunos servicios internos están sujetos a disponibilidad. Ha recordado que hace quince años había unas treinta personas en situación de calle en la ciudad, mientras que hoy la situación es mucho más compleja. “Actualmente, con el volumen de personas en situación de calle, es necesario adoptar medidas para gestionar el servicio”, ha afirmado. También ha señalado que se están estudiando fórmulas complementarias como el uso de lavanderías privadas, el refuerzo del equipo Urbil o la futura incorporación del centro foral Berraci.
Elkarrekin critica las desigualdades entre barrios para acceder a la primera cita
La portavoz de Elkarrekin, Garbiñe Ruiz, ha denunciado que los tiempos de espera para obtener una primera cita en servicios sociales de base dependen en exceso del barrio en el que vive la persona solicitante. Según los datos facilitados por el propio departamento a 19 de enero de 2026, en Abetxuko se conceden citas en una semana, mientras que en Aldabe o El Pilar la espera supera las seis u ocho semanas.
Ruiz ha pedido un refuerzo específico de personal en los centros más tensionados, la posibilidad de que las personas puedan ser atendidas en otros barrios sin perder derechos y el establecimiento de un umbral de espera razonable a nivel municipal. Ha señalado que “entre la urgencia extrema y la normalidad administrativa hay una franja muy amplia de situaciones vitales complejas”, y ha defendido que “una persona que pide ayuda no lo hace por capricho”.
El concejal Lucho Royero ha respondido que el sistema cuenta con mecanismos para atender de forma inmediata las urgencias. “En el Servicio Municipal de Urgencias Sociales se atiende con carácter inmediato cada día a todas las personas que acuden con demanda urgente”, ha asegurado. Ha puesto en valor que Vitoria-Gasteiz tiene un modelo que no existe en otros municipios y que permite compartir agendas entre centros para facilitar derivaciones internas.
Royero también ha destacado avances como las citas telefónicas o las charlas informativas grupales, especialmente para personas mayores. Ha añadido que los servicios específicos —como infancia, inclusión o mayores— funcionan con criterios y agendas propias. Según ha explicado, el sistema está organizado para ajustar la atención a los distintos niveles de necesidad detectados por los equipos técnicos.
El PP reclama mayor control ante el crecimiento del padrón social
La concejala del Partido Popular, Marta Alaña, ha centrado su intervención en el crecimiento del padrón social. Según ha indicado, en solo dos años —entre febrero de 2024 y febrero de 2026— el número de personas empadronadas sin domicilio ha crecido un 60,32 %. Ha considerado preocupante que el 30 % de las personas inscritas no recoja su correspondencia en más de tres meses.
Alaña ha explicado que, si se extrapolan los datos a una media de 750 personas durante el año, habría más de 200 personas que incumplen ese requisito, mientras que en todo 2025 solo se iniciaron 66 bajas. “Hay que comprobar que estas personas efectivamente residen en nuestra ciudad”, ha advertido. También ha subrayado que “la inscripción en el padrón es una puerta que abre el acceso a multitud de derechos”, y ha exigido un mayor control para evitar empadronamientos ficticios.
El concejal Royero ha respondido que “el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mantiene un control riguroso del padrón social para asegurar que cumple su función”. Ha defendido que el 92 % de las personas inscritas mantienen una relación activa con los servicios sociales municipales, y que el padrón social es una herramienta necesaria para garantizar derechos a quienes no tienen un domicilio en el que empadronarse.
Royero ha recordado que se trata de “un registro vivo y dinámico” y que los procedimientos de baja se activan conforme a criterios técnicos como la no recogida de correspondencia, la pérdida de contacto con los servicios o el abandono de recursos formativos. Durante 2025, se denegaron 15 solicitudes por incumplir requisitos básicos y se formalizaron todas las propuestas de baja emitidas desde los equipos de intervención.
