La dirección de Tubos Reunidos ha comunicado este lunes 9 de febrero de 2026 al comité de empresa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un total de 301 personas trabajadoras en sus plantas de Amurrio y Trapagaran (Bizkaia). El ajuste forma parte de un plan de viabilidad empresarial motivado por las pérdidas acumuladas en 2025, el aumento del endeudamiento y el efecto negativo de los aranceles estadounidenses.
Según los datos trasladados esta mañana a la representación sindical, el ERE incluye el despido de 214 trabajadores fijos y 87 eventuales, lo que supone un recorte de aproximadamente el 22% sobre una plantilla global estimada entre 1.300 y 1.400 empleados. El plan contempla también la interrupción temporal de la actividad en la acería de Amurrio, como parte de las medidas de contención de costes.
La compañía justifica la reestructuración por los 71,3 millones de euros de pérdidas netas registradas en el ejercicio 2025, en contraste con los 28,6 millones de beneficio del año anterior. El resultado operativo (EBITDA) ha sido negativo, con -22,8 millones de euros, y la deuda financiera neta se ha elevado a un rango estimado entre 263 y 273 millones.
La empresa argumenta además un “fuerte impacto” de los aranceles del 50% aplicados por Estados Unidos a las importaciones de acero, que afectan a cerca de la mitad de sus ventas y han provocado una fuerte caída de la actividad en su planta estadounidense. La previsión empresarial apunta a una “difícil coyuntura durante un largo periodo de tiempo”.
En los mercados financieros, la cotización de Tubos Reunidos (TRG) ha continuado su tendencia bajista, situándose esta mañana en torno a los 0,246 euros por acción, con una caída cercana al 2% respecto al cierre anterior. El descenso bursátil se suma a las pérdidas acumuladas en las últimas jornadas, que ya anticipaban un deterioro de la situación financiera.
Los sindicatos han rechazado el expediente y han convocado movilizaciones. Hoy se ha desarrollado una huelga de 24 horas con paros, concentraciones y presencia de piquetes, algunos de ellos con intervención de la Ertzaintza. Las centrales sindicales (ELA, LAB, CCOO, UGT) reclaman una negociación real y denuncian que el ajuste no responde solo a causas coyunturales, sino a una falta de estrategia industrial para el conjunto de Aiaraldea.
El anuncio ha provocado una fuerte repercusión mediática y política. El caso ha sido objeto de atención en diversos medios vascos y plataformas sociales, y ha generado pronunciamientos como el de EH Bildu, que ha advertido de que “no es un caso aislado” y ha reivindicado soluciones estructurales para la comarca.
