La Fiscalía Provincial de Araba ha iniciado el estudio de una denuncia relacionada con la gestión del vertedero de Oion, presentada por Podemos y la asociación ciudadana EKI. El procedimiento, admitido a trámite en diciembre, pide aclarar si en la tramitación administrativa vinculada al vertedero se han producido irregularidades que puedan encajar en delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y coacciones a un funcionario.
Según la documentación entregada por las entidades denunciantes, los hechos afectarían a decisiones adoptadas en torno al vertedero de Valdeaguilar y a su futura explotación. La Fiscalía analizará ahora el conjunto de informes, contratos y actuaciones administrativas recopilados durante los últimos meses para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen diligencias más amplias.
Valoración institucional de los denunciantes
La secretaria de Organización de Podemos Euskadi, Leticia Jiménez, ha destacado que la admisión de la denuncia permite que el ministerio público revise un procedimiento que la formación considera de gran impacto sobre el interés general. Según su valoración, el trámite abierto supone un paso relevante para esclarecer si se han producido actuaciones que puedan haber afectado al patrimonio público, al entorno natural y al funcionamiento ordinario de las instituciones.
Podemos sostiene que parte de los hechos objeto de investigación tendría relación con decisiones que, a su juicio, habrían beneficiado a una empresa vinculada al vertedero mediante contratos irregulares y tramitaciones poco transparentes. La formación considera que estas actuaciones podrían haber generado un uso indebido de fondos públicos, calculado en torno al millón de euros, y reclama garantizar la trazabilidad y transparencia de todos los procedimientos administrativos relacionados.
Solicitud de medidas cautelares
Además de la denuncia principal, Podemos ha pedido que se valoren medidas cautelares destinadas a impedir que, mientras la Fiscalía revisa la documentación, se otorguen nuevas autorizaciones o se consoliden derechos administrativos que puedan resultar irreversibles si la investigación concluyera que existen irregularidades.
La organización argumenta que esta solicitud obedece a criterios de prudencia y de protección del interés público, especialmente en un asunto que afecta a un servicio esencial y a un entorno medioambiental sensible en Rioja Alavesa.
Ampliación de la acusación y papel de la Cuadrilla de Rioja Alavesa
La denuncia se ha ampliado posteriormente para incluir a diez miembros de la Cuadrilla de Rioja Alavesa que votaron a favor de no abrir un expediente de revisión de oficio sobre los hechos ahora investigados. También se ha incorporado a la secretaria interventora del órgano comarcal, a quien los denunciantes atribuyen no haber ejercido el control de legalidad preceptivo en la tramitación.
La actuación cuestionada se apoyó en un informe encargado a un despacho jurídico externo y motivó el desacuerdo de los dos representantes del PSE en la cuadrilla, que optaron por abstenerse durante la votación. Podemos y EKI consideran que esta decisión podría encajar en una nueva hipótesis de prevaricación, motivo por el cual la ampliación se ha incorporado al procedimiento.
