La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha afirmado que el Gobierno central no puede asumir la responsabilidad por la matanza del 3 de marzo de 1976. La regidora ha respaldado el texto aprobado esta semana en el Parlamento Vasco, que insta al Ejecutivo a reconocer “el papel del Estado” en aquellos hechos, pero no su responsabilidad directa.
“Yo creo que un gobierno democrático no puede cargar con las culpas de una actuación desproporcionada de la Policía Armada franquista”, ha señalado. A su juicio, la fórmula aprobada resulta “lógica”.
De la moción original al texto aprobado
La iniciativa parte de la campaña “Estatua Erantzule / Responsable: el Estado”, impulsada por la asociación Martxoak 3 en el marco del 50 aniversario. La propuesta reclamaba que el Gobierno de España reconociera la “responsabilidad principal y directa del Estado” en los crímenes del 3 de marzo de 1976 y en los Sanfermines de 1978, además de dar pasos efectivos en materia de verdad, justicia y reparación.
Esa redacción fue recogida en una proposición no de ley registrada por EH Bildu y Sumar en el Parlamento Vasco.
Durante la tramitación parlamentaria, PNV y PSE-EE acordaron una enmienda transaccional que modificó el término “responsabilidad” por “papel del Estado”. Esa nueva formulación permitió alcanzar un acuerdo y fue la que finalmente se aprobó en el pleno con 39 votos a favor y la abstención del resto de grupos, incluyendo VOX.
El texto aprobado insta al Gobierno central a reconocer expresamente el papel del Estado en los hechos, condenar la actuación del Ejecutivo presidido entonces por Carlos Arias Navarro y desbloquear la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.
El debate en el Senado y la posición del Gobierno
La semana pasada, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó en el Senado lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 como una “brutal represión” de la Policía Armada. No obstante, no utilizó la expresión “responsabilidad del Estado”.
El ministro recordó la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y medidas como la subvención de 600.000 euros para convertir la iglesia de San Francisco de Asís en un memorial, así como su próxima declaración como Lugar de Memoria Democrática. Sobre la apertura de archivos, indicó que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales está en tramitación.
El 3 de marzo de 1976, la intervención policial en una asamblea obrera celebrada en la iglesia de San Francisco de Asís, en Zaramaga, dejó cinco trabajadores muertos y decenas de personas heridas.
