El conflicto por la huelga de Enviser sigue abierto en Vitoria-Gasteiz y ahora da un paso más hacia los juzgados. El Ayuntamiento ha confirmado esta mañana que seguirá defendiendo en la vía judicial su actuación durante el paro de la plantilla de jardinería, después de que el Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco le sancionara por considerar que vulneró el derecho de huelga.
La multa, de 7.501 euros, está vinculada a los trabajos de alisado realizados en las campas de Olarizu durante la huelga. Según la oposición, esa cantidad se suma a otra sanción anterior y eleva ya por encima de los 10.000 euros el coste derivado de este episodio para las arcas municipales.
EH Bildu y Elkarrekin han criticado esta mañana con dureza la decisión del equipo de gobierno. Jon Molina, de EH Bildu, ha acusado al Ejecutivo local de mantener una “huida hacia adelante” pese a que Inspección de Trabajo, la Dirección de Trabajo y la Viceconsejería de Trabajo han coincidido en que hubo una infracción muy grave.
Óscar Fernández, de Elkarrekin, ha insistido en que el alisado de las campas no figuraba entre los servicios mínimos establecidos durante la huelga. A su juicio, ese detalle desmonta el principal argumento del Ayuntamiento, que ha defendido durante meses que actuó para evitar riesgos a las personas en un acto con afluencia pública.
El gobierno municipal niega que vulnerara la huelga
La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, ha rechazado esa interpretación y ha defendido que el Ayuntamiento actuó con respaldo técnico y jurídico. Según ha explicado, la intervención fue puntual, limitada a unas horas y orientada únicamente a garantizar la seguridad y la salubridad de una jornada importante para la ciudad.
Artolazabal ha insistido en que el Consistorio no acepta que recurrir una resolución administrativa suponga una falta de respeto institucional. A su juicio, el Ayuntamiento está ejerciendo su derecho a defenderse ante un juez si considera que su actuación se ajustó a derecho.
La edil ha explicado además que, tras las resoluciones del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento ha hecho un análisis interno con asesoría jurídica y ha concluido que existen argumentos suficientes para seguir adelante. También ha asegurado que, si los servicios jurídicos hubieran descartado esa opción, no habrían continuado por esta vía.
La oposición cuestiona el coste político y económico
EH Bildu y Elkarrekin han puesto el foco no solo en el importe de la sanción, sino en la imagen que proyecta el Ayuntamiento. Ambos grupos consideran que el Consistorio está defendiendo una actuación ya corregida por la autoridad laboral vasca y que, lejos de cerrar el asunto, ha decidido prolongarlo en sede judicial.
La oposición sostiene que el Ayuntamiento intentó neutralizar los efectos de la huelga. El Gobierno municipal responde que actuó ante una necesidad concreta de seguridad y que no vació de contenido el paro de la plantilla.