“¿Cómo que tenemos la culpa?” los dimitidos de los Auzogunes denuncian el trato de la concejala

Ángel Madina y Guillermo Perea no explican su dimisión como una reacción puntual a una comisión municipal. Los dos representantes vecinales sitúan su salida en un malestar acumulado con el área de Gobierno Abierto, con la gestión de las subvenciones y con el papel real que, según denuncian, tienen hoy los Auzogunes y Elkargunes en Vitoria-Gasteiz.

Madina, de Judimendikoak, y Perea, de Zazpigarren Araba – Babestu Araba, han hablado con GasteizBerri después de anunciar su dimisión de varios órganos municipales de participación. La noticia de su salida ya fue publicada la pasada semana. Ahora explican por qué han dado ese paso y centran buena parte de sus críticas en la concejala Miren Fernández de Landa.

El diagnóstico de Madina es directo. “No hay ningún tipo de participación”, sostiene. Perea describe el clima en términos parecidos. “Es irrespirable ya la situación”, afirma. Los dos aseguran que seguirán en el movimiento vecinal, pero no en unos órganos que consideran cada vez más alejados de las demandas de los barrios.

Una salida que ya estaba decidida

Madina y Perea acudieron a la comisión con la decisión tomada. No esperaban, según explican, una respuesta que cambiara el fondo del problema. Querían hacer pública su salida y dejar constancia de los motivos.

Madina explica que la comparecencia tenía dos objetivos. Por un lado, aclarar qué ocurría con las subvenciones municipales a las asociaciones vecinales. Por otro, denunciar el incumplimiento del cronograma vinculado a los procesos de participación.

Las asociaciones habían pedido, además, la presencia del interventor municipal para trasladarle dudas sobre los criterios de justificación de gastos. Según Madina, la respuesta fue que el interventor había declinado la invitación. “No sabemos si puede declinar”, señala.

Ese punto no lo ven como una cuestión menor. Lo relacionan con una falta de respuesta cuando las asociaciones piden explicaciones sobre trámites, plazos y requisitos que afectan directamente a su actividad.

Perea ha dimitido como representante del Auzogune de Iparralde y del Consejo Asesor de Planeamiento. “De eso he dimitido”, explica. Madina enmarca su salida en el mismo malestar, desde Judimendikoak y desde su participación en espacios vecinales.

Las críticas a Miren Fernández de Landa

La parte más tensa del relato tiene que ver con Miren Fernández de Landa, concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos. Los dos representantes consideran que la concejala no respondió al fondo de las cuestiones planteadas y que llevó el debate al terreno personal.

Madina afirma que la intervención de Fernández de Landa fue “simplemente una descalificación”. Según su versión, la concejala responsabilizó a Perea de parte del retraso en la tramitación de las ayudas y rechazó las críticas sobre los cambios en los criterios de justificación.

“Todo eso no lo contestó. No dijo nada, absolutamente nada”, sostiene Madina. En su opinión, las preguntas principales quedaron sin respuesta. Las asociaciones querían saber por qué se endurecen determinados trámites, por qué se acumulan retrasos y por qué los plazos no funcionan igual para la administración que para las entidades.

Madina también rechaza que se le acusara de mentir por decir que las normas cambian cada año. Asegura que esos cambios no siempre son grandes, pero sí suficientes para complicar la gestión. “Todos los años nos encontramos con una historia nueva”, afirma.

Perea también se siente señalado. Asegura que tanto en el Auzogune de Iparralde como en la comisión se puso el foco sobre él y no sobre las demandas de su asociación. “Tú puedes hablar de la asociación, no puedes hablar de mí”, afirma que trasladó en ese contexto.

El representante de Zazpigarren Araba – Babestu Araba rechaza que se le responsabilice del retraso de las ayudas. “¿Cómo que tenemos la culpa?”, se pregunta. Según explica, su asociación ha tenido problemas administrativos puntuales, pero niega que eso sirva para justificar el retraso general o para desacreditar el trabajo vecinal.

Perea sostiene que el trato recibido forma parte de un clima que se ha deteriorado durante este año. “Este año ha sido especialmente duro”, afirma. También asegura que no quiere seguir ocupando cargos en unos órganos que, a su juicio, sirven para “dar cobertura” a decisiones que ya llegan marcadas desde el Ayuntamiento.

Para ambos, la comisión no rebajó el conflicto. Al contrario. Confirmó que el problema no está solo en una subvención o en un expediente, sino en la forma en la que el Ayuntamiento se relaciona con una parte del movimiento vecinal.

Subvenciones que llegan tarde y trámites más duros

Las subvenciones son una de las causas inmediatas del malestar. Madina recuerda que hay asociaciones que han organizado fiestas de barrio sin haber cobrado todavía la ayuda municipal. Cita casos como Abetxuko, Arana o Santa Lucía, y señala que Judimendikoak tampoco había recibido aún la subvención cuando se celebró la entrevista.

El problema, según explica, no es solo el retraso. También son las condiciones para justificar los gastos. Madina asegura que documentos que antes se aceptaban ahora generan pegas. Habla de facturas simplificadas con NIF, pagos hechos por personas voluntarias y exigencias que obligan a conocer procedimientos fiscales.

“Somos voluntarios”, insiste Madina. A partir de ahí resume una de sus principales quejas. “No somos una empresa, no somos Mercedes”, dice para explicar que las asociaciones vecinales funcionan con voluntariado y no con una estructura administrativa profesional.

La crítica apunta a la carga administrativa que soportan las asociaciones. Según Madina, el Ayuntamiento exige trámites cada vez más complejos a entidades que funcionan con presupuestos ajustados, poco relevo y trabajo voluntario. “Tenemos que presentar todo digitalmente y en plazo. Si no lo presentamos en ese plazo, no hay tu tía. Sin embargo, ellos tienen sus plazos para responder”, denuncia.

También pone como ejemplo las fianzas. Según explica, el año pasado pagaron 1.200 euros de fianza por una actividad y tardaron ocho meses en recuperar ese dinero. Para Madina, este tipo de situaciones genera un desgaste económico y administrativo que recae sobre asociaciones de barrio.

Perea aporta otro caso concreto. Asegura que Zazpigarren Araba – Babestu Araba ha tenido que pedir un crédito de 6.000 euros para afrontar pagos mientras esperaba la subvención. “Todavía no hemos recibido el dinero”, señala. Según explica, esa situación les ha obligado a adelantar pagos durante meses.

“Nos está perjudicando gravemente”, afirma Perea. También señala que la ayuda asignada a su asociación baja respecto a la situación anterior. En su opinión, el retraso y la reducción de la ayuda afectan directamente a la actividad vecinal.

Madina añade otro problema. La tramitación digital obliga a las asociaciones a trabajar con herramientas y requisitos que no siempre dominan. A su juicio, la brecha digital pesa de lleno sobre entidades formadas en muchos casos por personas mayores. Cuando se le pregunta si esa brecha afecta a las asociaciones, responde que sí, “para esto y para todo en general”.

El Auzogune de Iparralde como ejemplo

Perea usa el último Auzogune de Iparralde para explicar por qué ha decidido dejar sus cargos. Asegura que se cambiaron fechas, se modificó el orden del día y varios asuntos planteados por la asociación quedaron sin una respuesta suficiente.

Según relata, la reunión preparatoria estaba convocada para el 3 de junio, pero se adelantó al día 2. Ese cambio obligó a la asociación a avisar de nuevo a las personas que iban a participar. También asegura que el orden del día que se encontraron no era el que habían trabajado. “Es una vergüenza”, resume.

Entre los temas que cita están actuaciones pendientes en Portal de Legutiano, pasos peatonales, mantenimiento de aparcamientos y problemas de convivencia en el entorno de la discoteca Flamingo. Según Perea, son asuntos trasladados desde hace tiempo y que afectan al día a día del barrio.

Su crítica no se centra en que el Ayuntamiento rechace una propuesta concreta. Lo que cuestiona es el funcionamiento general. Dice que las asociaciones preparan reuniones, animan a la gente a participar y después se encuentran con cambios o respuestas que no resuelven los problemas.

“Animas a la gente a participar, pero luego se llevan el chasco”, afirma. Para Perea, ese desgaste acaba alejando a vecinos y vecinas de los espacios municipales.

El representante vecinal asegura que aceptó asumir esos cargos porque no había otras personas dispuestas y porque tiene experiencia en el movimiento asociativo. Pero sostiene que la situación ya no es sostenible. “Me ofrecí porque no había nadie. Pero es que nos torean”, afirma.

Una participación que ven vaciada

Madina y Perea sostienen que la participación ciudadana ha perdido peso real. No niegan que existan reuniones, órganos y convocatorias. Lo que cuestionan es su capacidad para influir en las decisiones municipales.

Madina afirma que antes la participación ya era limitada, pero al menos había momentos en los que las asociaciones podían plantear cuestiones y hablar con responsables municipales. Ahora considera que el Ayuntamiento marca el contenido, los tiempos y el alcance de esos espacios.

“Ellos plantean, ellos dicen”, resume. También critica que los órganos no sean vinculantes y que muchas propuestas vecinales acaben dependiendo de decisiones tomadas fuera de esos foros.

Para Madina, la participación se ha quedado en una estructura formal. “Nada es vinculante”, afirma. Y añade que muchos espacios sirven para hablar, pero no para decidir.

También cuestiona el funcionamiento de los presupuestos participativos. A su juicio, se presentan como participación proyectos que deberían ejecutarse por la propia actividad municipal. “Hay proyectos que son cosas que se tienen que hacer y se presentan como proyecto. No tiene ningún sentido”, sostiene.

Perea comparte esa lectura. Considera que el modelo actual permite al Ayuntamiento mantener una apariencia de participación sin asumir cambios reales. Por eso rechaza seguir ocupando cargos que, según él, dan cobertura a una dinámica con la que ya no está de acuerdo.

“Así no se puede funcionar”, afirma. Los dos separan esa decisión de su compromiso con los barrios. No dejan las asociaciones. No dejan el movimiento vecinal. Dejan los cargos municipales de participación.

Madina también cuestiona que las propuestas vecinales obtengan respuestas reales. “Hay gente que llama todos los días y no recibe una respuesta”, asegura. Para él, ese funcionamiento explica el cansancio acumulado en parte del movimiento vecinal.

Seguirán en el movimiento vecinal

Perea insiste en que seguirá trabajando desde Zazpigarren Araba – Babestu Araba. Madina mantiene también su vinculación con Judimendikoak. La dimisión no supone abandonar las demandas vecinales, sino salir de unos órganos que consideran agotados.

“Como movimiento social vamos a seguir trabajando”, afirma Perea. La frase marca el límite de la protesta. No es una retirada del barrio. Es una ruptura con una parte del sistema municipal de participación.

Madina lo plantea desde otra idea. Cree que la participación ciudadana se ha convertido en un procedimiento formal, con poca capacidad para alterar decisiones. Por eso entiende que la dimisión sirve para señalar un problema que, según sostiene, ya venían denunciando desde hace tiempo.

Perea también insiste en que no quería alargar la situación hasta el próximo ciclo electoral. “No queríamos prolongar este tema hasta las elecciones próximas”, explica. Su objetivo, dice, era dejar claro que el funcionamiento actual no les parece aceptable.

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