El Ayuntamiento de Vitoria quiere saber qué margen legal tiene para impulsar una transformación agroecológica en determinados terrenos agrícolas del municipio. El Centro de Estudios Ambientales ha sacado a concurso un estudio que analizará las herramientas jurídicas y administrativas disponibles dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
El encargo, dotado con 20.570 euros, deberá aclarar si el Consistorio puede limitarse a promover medidas voluntarias o si tiene capacidad para introducir condiciones en algunas actuaciones sobre parcelas privadas. Esa es la principal incógnita de un trabajo que tendrá una duración de cinco meses.
Por ahora, no se han aprobado cambios obligatorios en los cultivos, prohibiciones ni nuevas exigencias para agricultores y propietarios. El estudio servirá como base para conocer qué medidas serían posibles y cuáles quedarían fuera de las competencias municipales.
Tres tipos de terrenos bajo análisis
El trabajo se centrará en suelos agrícolas afectados por tres figuras incluidas en el nuevo PGOU: la protección paisajística de los pueblos, los sumideros de carbono y la infraestructura verde vinculada al denominado Anillo Verde de grado 2.
La primera afecta a terrenos situados alrededor de los núcleos rurales. El planeamiento pretende evitar que nuevas construcciones o actividades alteren su imagen, el paisaje o la visibilidad de sus elementos más representativos.
El PGOU también vincula estos espacios con la producción de proximidad y el abastecimiento local, aunque la licitación no concreta todavía qué actuaciones podrían aplicarse para alcanzar esos objetivos.
El segundo grupo corresponde a parcelas con capacidad para captar y almacenar carbono. El Ayuntamiento quiere analizar cómo puede favorecer una gestión de la tierra que preserve su fertilidad y refuerce su papel frente al cambio climático.
También se estudiarán suelos integrados en la red verde que conecta Gasteiz con su entorno rural. En estas zonas, los usos y construcciones deben ser compatibles con las funciones ambientales que les atribuye el planeamiento.
Qué podrá hacer el Ayuntamiento
El informe deberá estudiar las normas aplicables y determinar qué instrumentos están al alcance del Consistorio. La documentación pública no especifica si las conclusiones incluirán ayudas, acuerdos con las explotaciones, requisitos administrativos o nuevas limitaciones.
Tampoco detalla cuántas hectáreas serán analizadas, qué pueblos se encuentran dentro de los ámbitos afectados ni el número de explotaciones que trabajan actualmente en ellos.
Cualquier medida posterior deberá respetar los derechos de las personas propietarias y del sector agrario. Buena parte de las parcelas son privadas y mantienen actividad productiva, por lo que la capacidad municipal estará condicionada por la normativa agrícola y urbanística.
El estudio llega tras la aprobación del nuevo PGOU, que amplía en 1.055 hectáreas la superficie clasificada como suelo agroganadero y campiña de alto valor estratégico.