El consejo de la empresa municipal Ensanche 21 aprobará este miércoles la demolición de las viviendas de Olarizu, ocupadas por varias familias desde hace varios meses. EL proceso de desalojo se puede alargar en el tiempo ya que es necesaria la firma de todos los componentes del consejo -los partidos políticos con representación en el AYuntamiento-, la identificación de todas las personas que allí viven y una sentencia individual por parte de un juez. En total son tres bloques con 123 viviendas ocupadas.
El primer paso, tal y como ha anunciado el alcalde del PNV Gorka Urtaran, será el corte de los suministros de agua, luz y gas.
Hace unas semanas la redacción de GasteizBerri.com se puso en contacto con laas personas que allí viven y nos declararon que viven allí “por necesidad” y nos relataron que también viven menores y gente enferma y que no tendrían a donde ir en el caso de que se les desaloje. Cabe recordar que la justicia no permite realizar alzamientos en el caso de que haya menores o personas con problemas. Si Ensanche 21 lleva a cabo el desalojo, estaría cometiendo una ilegalidad.
También nos declararon que no se les permite empadronarse, algo que les trae muchos problemas a la hora de buscar un colegio para los menores que allí residen -que si acuden al colegio- o la elección del centro de salud. No hay que olvidar que prohibir el empadronamiento es ilegal. Otra cosa que nos dejaron claro es que no tienen nada que ver con el conocido movimiento okupa de la ciudad, ni con Errekaleor.
En el caso de que se produzca el desalojo tal y como lo está anunciado el equipo de gobierno -PNV y PSE- y el Partido Popular, estarían burlando la ley, algo que les podría traer muchos problemas al Ayuntamiento. Los desalojos de ocupas llevan un complejo proceso: en primer lugar se tendrá que presentar una denuncia en los juzgados para que después, con la orden en la mano, se mande a la Policía para su identificación individual. Tras este paso, dichas personas tendrán que ser llamadas a declarar en un juicio, nunca podrán ser llamados a ir en grupo. La decisión del juez tendrá que ser comunicada de manera individual. La sentencia podrá ser recurrida y podría alargarse en un periplo que podría acabar en el Tribunal Constitucional. Cualquier decisión, recordamos, tiene que ser firmada por todo el Consejo de Administración de Ensanche 21.
