Elkarrekin ha registrado diferentes enmiendas al “proyecto de ordenanza reguladora de las condiciones de acceso y utilización del servicio de aparcamiento seguro de bicicletas VGBIZIZ del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” para que los patinetes eléctricos y otros vehículos englobados en los denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) también puedan aparcar en estos aparcabicis seguros municipales.

El grupo municipal considera que la enorme proliferación de estos nuevos modos de transporte hace necesario que también se contemplen a la hora de regular y garantizar el estacionamiento seguro para bicicletas. De hecho, las propias asociaciones de personas que utilizan estos VMP para desplazarse por la ciudad ya vienen reclamando aparcamientos adecuados a las características de estos vehículos.

De esta forma, Elkarrekin recoge una petición histórica de las personas usuarias de los VMP, en este caso enfocada a los aparcamientos de la red VGBIZIZ. “El uso de los Vehículos de Movilidad Personal como los patinetes eléctricos han aumentado exponencialmente en los últimos años en nuestro municipio. Ante la falta de aparcamiento de este medio de transporte, en algunos lugares hay problemas porque ocupan espacio público y dificultad la movilidad peatonal. Por lo que proponemos que se les dé la opción de que puedan usar estos aparcamientos”, ha indicado Oscar Fernández.

Además, Elkarrekin ha propuesto en sus enmiendas la bajada de edad de los 18 años a los 16 años para el requisito de necesidad de permiso parental para utilizar la red de aparcamientos seguros VGBIZIZ y también ha propuesto eliminar la limitación de una plaza para menores de edad por persona adulta ya que, tal y como está en la propuesta original, las familias con más de 2 miembros menores de edad con dos adultos, o las familias monoparentales con más de un miembro menor de edad no podrían utilizar al completo el servicio de aparcabicicletas seguros.

Finalmente, Elkarrekin ha vuelto a pedir al Gobierno municipal que regule los VMP ya que es urgente acabar con la inseguridad jurídica que presentan estos vehículos y que puede convertirse en un grave problema como ya ha ocurrido en otras ciudades como Barcelona.