El Fondo Alavés de Emergencia ha destinado 40.000 euros a proporcionar asistencia alimentaria y nutricional a 220 familias indígenas de la etnia senu, en el municipio de Cáceres de la región del Bajo Cauca Antioqueño, en Colombia. Esta población se ha visto obligada a desplazarse de sus tierras, en unos casos, y está siendo confinada, en otros, debido a los constantes enfrentamientos de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial para el manejo de cultivos de uso ilícito y la minería de oro ilegal en la zona.
La entidad solicitante de la ayuda del Fondo Alavés de Emergencia ha sido Mugarik Gabe, que trabaja desde hace años en Colombia, con especial incidencia en relación a las poblaciones indígenas.
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La entidad local que prestará la ayuda será la Organización Indígena de Antioquía (OIA), que está plenamente implantada en el territorio y ha intervenido en anteriores catástrofes humanitarias como el terremoto de 1992, las inundaciones posteriores o el deslizamiento de tierras en 2016. En concreto, la ayuda consistirá asistencia alimentaria y nutricional, durante 90 días para 220 familias afectadas, alrededor de 800 personas.
Los grupos armados que operan en el municipio colombiano de Cáceres irrumpen en los territorios de comunidades indígenas a las que se les prohíbe la circulación y movilidad por el territorio. Se trata de personas que no pueden salir a realizar sus actividades cotidianas de trabajo, cultivos, cría de animales, o caza, generando escasez de comida en estas comunidades, y poniendo peligro su vida por estar expuestos a ser tomados como escudos humanos por los grupos armados.
En la zona persisten los enfrentamientos entre grupos paramilitares (Clan del Golfo) y grupos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos grupos armados han establecido fronteras que restringen el tránsito y que no se pueden traspasar sin correr riesgo a la vida, impidiéndose el acceso a las fincas donde tienen los cultivos.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) contabiliza más de 1.600 indígenas desplazadas los pasados meses de enero y febrero, así como otras 600 personas confinadas.
Se da la circunstancia de que el 73% de la población del municipio de Cáceres, a 230 kilómetros de Medellín, se sitúa en niveles de pobreza, y la mayoría en situación de pobreza extrema. De la población total afectada por la situación de desplazamiento y confinamiento, el 35% son menores de edad, entre los cuales hay una considerable población de niñas y niños de corta edad.
