Un millón de euros para el programa ‘Educación en la calle’ que cumple 25 años
El Gobierno Local ha aprobado hoy la prórroga del contrato del Programa Municipal de Educación de Calle. Encargado de atender a niñas, niños y jóvenes de entre 10 y 18 años «con problemas que hagan pensar que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social«.
La prórroga del contrato aprobada hoy tiene un importe de 1.033.068 euros que gestionará la empresa IRSE-ARABA, Instituto para la Inclusión Social.
«Educación en la Calle» es un programa que llega en 2018 a los 25 años de funcionamiento. Una apuesta por la acción social que el Gobierno Local lleva realizando desde 1993 y que es heredera del primer programa de prevención para apoyar a jóvenes desocupados que el Ayuntamiento puso en marcha en 1988 apoyando a colectivos que atendían a jóvenes desocupados en los años 80.
Educadores de calle
El programa despliega en la calle a educadores y educadoras que actúan en pareja en los distintos barrios de la ciudad, estableciendo contacto con los jóvenes para detectar situaciones de riesgo de exclusión.
Una vez detectado el riesgo las educadoras de IRSE «ayudan a estos chicos y chicas a desarrollar sus capacidades personales, independientemente de cual sea su grado de exclusión» ha afirmado el concejal de Políticas Sociales, Peio López de Munain. «Damos respuesta a las desigualdades y conflictos que sufren y ayudamos a que se respeten sus derechos; independientemente de su situación económica, social o cultural”.
El año pasado los trabajadores del programa atendieron a más de 700 personas, con una edad media de 14 años.
IRSE ARABA
IRSE es una entidad privada constituida en el año 1987, un año antes de que el Ayuntamiento decidiera empezar a prestar apoyo a los jóvenes en riesgo de exclusión, primero con un programa de prevención y posteriormente, en 1993, con el Programa Municipal de Educación de Calle que hoy ha sido prorrogado y que IRSE lleva gestionando, en sus dos variantes, desde 1988. Compuesta por psicólogas, pedagogas, educadoras sociales, abogadas, trabajadores sociales y gestores administrativos la empresa ha sido declarada de «utilidad pública«.