La retirada de la tumba de Franco del Valle de los Caídos, pese a que fuera algo prioritario para el Gobierno de Sánchez, sigue sin efectuarse y sigue creando debates en la calle y en las diferentes instituciones. Desde las Juntas Generales de Álava, con la intención de esclarecer lo ocurrido, han pedido al instituto de la memoria Gogora que realice una investigación exhaustiva en los que se vean reflejados los estudios y datos necesarios para clarificar el número de vascos y vascas que fueron inhumados en el Valle de los Caídos para proceder a su identificación y así determinar cómo y cuándo fueron llevados, y, especialmente, si contaron con la autorización familiar necesaria para ello. También han pedido al Gobierno Vasco que presente una ley vasca de Memoria Histórica.
Cuando termine dicha investigación, y según han pedido en las JJGG, los cuerpos que pertenezcan a vecinas y vecinos de Euskadi deberán ser trasladados al territorio en el caso de que así lo soliciten las familias. «Igualmente, a la vista de las conclusiones de dicha investigación, el Gobierno Vasco evaluará la necesidad de crear nuevos columbarios para dar cabida, entre otros, a los restos mortales de dichas ciudadanas y ciudadanos vascos que se encuentren en el Valle de los Caídos«.
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También se insta al Gobierno de España a afrontar, de forma decidida y urgente, la reasignación de la función del Valle de Cuelgamuros (actualmente denominado Valle de los Caídos), para que dicho lugar deje de ser un lugar de tributo al dictador, de memoria franquista y nacional-católica; «reasignación basada en el principio de cumplir con la función de dignificar y reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo«.
