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La Misión de observación vasca en Honduras pide acabar con la impunidad y pide amparo para los pueblos indígenas y oeneges

En el marco del seguimiento a la situación de las personas acogidas en el Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, una Delegación Vasca ha visitado el país desde el domingo 27 de enero hasta el viernes 1 de febrero.

Durante su estancia en el país se ha desarrollado una agenda de reuniones con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y movimientos sociales, entre ellas: el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), al que pertenece la defensora acogida en 2018 en el Programa Vasco de Protección, La Vía Campesina (LVC) y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC);  además, se ha compartido con comunidades campesinas indígenas lencas en el Departamento de La Paz y visitado la comunidad campesina Nuevo Amanecer. También se han mantenido espacios de encuentro con organizaciones feministas defensoras de los derechos de las mujeres, de la población LGTBI, de defensa de la libertad de expresión e información y con organizaciones internacionales de cooperación, así como con la familia de Berta Cáceres.

Asimismo, se ha conversado con instituciones hondureñas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, así como con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y con la Embajada de España.

Tras las reuniones realizadas, los testimonios recibidos y la documentación previamente analizada, la Delegación manifiesta lo siguiente:

PRIMERO: Mostramos nuestra preocupación por las amenazas, desalojos forzados, criminalización, judicialización, estigmatización y la situación de desplazamiento forzado, consecuencia de estas violencias que padecen las personas defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y campesinas, las defensoras de la tierra y el territorio, de la diversidad sexual y de los derechos de las mujeres, y de la diversidad funcional. Y expresamos nuestro respaldo, respeto y solidaridad con su defensa pacífica de los derechos humanos.

SEGUNDO: Ante este contexto, es también preocupante el alto grado de impunidad frente a estas violencias, especialmente en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes; y las organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas LGTBI y de las mujeres.  En este sentido, instamos al Ministerio Público, órgano competente para iniciar las investigaciones, a que potencie dicha labor. 

Así mismo, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la incorporación a la legislación nacional de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesinado y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales pueden ser un paso fundamental para su protección y reconocimiento.

TERCERO: Destacamos los avances observados en materia de Derechos Humanos, tales como el desarrollo de nuevas metodologías y protocolos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Derechos Humanos de Honduras (SIMOREH), y esperamos su consolidación.

CUARTO: Instamos a las instituciones hondureñas a continuar desarrollando mecanismos de protección y acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos, a visibilizar y poner en valor el trabajo de las comunidades y colectivos que trabajan en defensa de la vida y de los derechos humanos, así como a reforzar la articulación interinstitucional y el apoyo político y presupuestario para el desarrollo de su labor. 

QUINTO: Agradecemos la acogida recibida por parte de las organizaciones, movimientos sociales, instituciones públicas hondureñas y organismos internacionales.  Y nos comprometemos a continuar atentas a la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y a velar para que su labor se ejerza en condiciones de seguridad, prestando especial atención a los compromisos asumidos por la Delegación, entre los que se encuentra el seguimiento a la situación del COFADEH y el apoyo en la búsqueda de justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres.

La Delegación, liderada por la Directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, ha contado con la participación de representantes de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco (Ana Oregi, Presidenta de la Comisión; Iñigo Iturrate, PNV; Oihana Etxebarrieta, EH Bildu; Eukene Arana, Elkarrekin Podemos; Rafaela Romero, PSE; Carmelo Barrio, PP; y Eduardo Mancisidor, Letrado), de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Noemí de la Fuente y Maite Garmendia), y las organizaciones de derechos humanos, Mundubat (Eneko Gerrikabeitia, Presidente) y CEAR-Euskadi (Patricia Bárcena, Directora; y Leire Lasa, Coordinadora del Programa Vasco de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos).

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